Hoy voy a hablar de Puigdemont y me voy a poner seria. Carles Puigdemont es el President 130 de la Generalitat de Catalunya, residente en Bélgica y ciudadano electo para la Cámara de representantes del Parlamento Europeo, según reconoce el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la candidatura de JuntsxSí. Carles Puigdemont está procesado en rebeldía por el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.
No voy a entrar en valoraciones jurídico-políticas de si es un político en el exilio o un fugitivo de la justicia, al igual que el otro eurodiputado catalán electo y proclamado por el BOE, el ex conseller Toni Comín, también residente en Bruselas. Ambos se encuentran bajo la espada de Damocles de que, en cualquier momento, el Reino de España active la Euro Orden -Orden Europea de Detención y Entrega- para su inmediata detención en territorio europeo y entrega a la justicia española para su enjuiciamiento.
La Euro Orden fue retirada por el Supremo cuando la justicia belga se hizo cargo del proceso de entrega de Puigdemont, activando este procedimiento que en cada país se interpreta de forma distinta y que se basa -o debería basarse- en la confianza recíproca entre los sistemas judiciales de los países miembros. La posibilidad de que la justicia belga no reconociera el delito de rebelión durante el proceso de entrega, hizo que la justicia española la retirara, ya que no se le podría juzgar mas que por el delito reconocido por el juez belga.
Cierto es que, desde que se retiraron las órdenes de detención tanto la internacional como la europea, Puigdemont ha podido viajar sin cortapisas con algún contratiempo en la frontera alemana que se saldó también a su favor. Excepción hecha de España, donde sigue vigente la orden nacional de detención y donde sería detenido de forma automática en cuanto pisara territorio español o se detectara su presencia.
Ésta es, por tanto, la razón por la que no acudió a Madrid hace una semana para formalizar su cargo de eurodiputado ante la Junta Electoral Central jurando la Constitución “in situ”. Y ésta es la razón por la que están en juego su puesto y el de Toni Comín como eurodiputados si no pueden acceder al hemiciclo en del Parlamento Europeo en Estrasburgo para tomar posesión de su cargo como eurodiputados.
Pero no están solos. La esperada entrada hoy de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, que inaugura la legislatura en su sede de Estrasburgo, ha llevado hasta la ciudad francesa a sus seguidores, ciudadanos en su mayoría catalanes que suman más de un millón votos. La cifra, nada desdeñable, es para hacer recapacitar, aquí y en Bruselas.
El Parlamento Europeo es la institución donde reside la soberanía popular y es en él donde de los ciudadanos de la Unión Europea depositan y delegan su voluntad. Porque, si algo hemos avanzado en este club, donde los Estados pugnan por no ceder soberanía ni competencias, es en el envidiado estatus de “ciudadano europeo” -los británicos lo añorarán dentro de poco, especialmente cuando no puedan llevarse el perro de vacaciones a Mallorca, como dijo el negociador por Bruselas del Brexit, Michel Barnier-.
Ser ciudadano europeo es un plus a la carta de naturaleza del DNI o del pasaporte que, no olvidemos, es el pasaporte europeo y donde pone en letras capitulares sobre cada país. “Unión Europea”. A la libertad de viajar, trabajar y residir en este espacio que comprende -por ahora- 28 países, se unen los derechos políticos de la ciudadanía europea que implican la participación en sus instituciones y que están consagrados en Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea desde la firma del Tratado de Maastricht en 1992.
Y esto es lo que reivindicarán los miles de catalanes y afines que se concentrarán en este día, 2 de julio, rodeando el Parlamento Europeo en Estrasburgo, recorriendo sus calles y proclamando el derecho a que se les reconozca su voz y su representatividad como ciudadanos europeos. Más de un millón…