Albert Rivera, con los candidatos y líderes de Ciudadanos en Valencia. EFEVALENCIA. El programa electoral de Ciudadanos propone que Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, asuma "diversas competencias de las distintas autoridades portuarias", una medida centralizadora que a buen seguro despertará recelos en los organismos que dirigen los puertos y en las comunidades autónomas.
La medida está incluida en el capítulo XIII del programa que defiende Albert Rivera, relativo a infraestructuras, y dice literalmente: "En particular, con Puertos del Estado se reforzará su papel como organismo central ya existente y que debe concebirse como una Agencia con mayores competencias y capacidad de toma de decisiones en materia de estrategia y funcionamiento de los puertos, respetando, por supuesto, la competencia interportuaria, aunque centralizará diversas competencias de las distintas Autoridades Portuarias para que todas ellas tengan las mismas funciones".
Las 28 autoridades portuarias que existen en España gestionan los 46 puertos de titularidad estatal con una amplia autonomía en la toma de decisiones, tanto en las inversiones -se autofinancian- como en la política tarifaria. La coordinación y control de eficiencia corresponde al organismo público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, que tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno.
La Administración central está actualmente en minoría en los consejos de administración de las autoridades portuarias, que tienen entre 12 y 15 miembros. De ellos, la comunidad autónoma designa al presidente y a otros cuatro miembros, el Estado a cuatro y el resto se reparten entre alcaldes y representantes empresariales y sindicales.
La centralización de competencias no es la única propuesta de Ciudadanos para el ámbito de los puertos, ya que se moja también sobre la regulación de los estibadores, después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallara hace un año contra el actual monopolio en la contratación de estos profesionales en los grandes puertos. El partido de Rivera promete que en un plazo no superior a dos años, aprobará "la derogación del régimen laboral asociado al servicio portuario de manipulación de mercancías que esté en contradicción con reglamentos y sentencias del TJUE".
Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia. EVA MÁÑEZLa sentencia de este tribunal aún no se ha ejecutado en España por la resistencia de las organizaciones de estibadores, que ha hecho que el Gobierno de Rajoy haya dejado la modificación normativa para la próxima legislatura.
Junto a ello, si Rivera gobierna promoverá un cambio de "modelo portuario" que contemple la "nueva realidad" que ha supuesto la entrada de fondos de inversión en las empresas privadas concesionarias, pues, argumenta, "muchas de ellas se han hecho progresivamente con las operaciones de estiba y han asumido fuertes inversiones".
Precisamente, la principal concesionaria de terminales portuarias españolas, Noatum, tiene su sede en Valencia y su mayor terminal es la del Muelle Príncipe Felipe del recinto valenciano. Noatum es propiedad de un conjunto de fondos de pensiones asesorados por J.P. Morgan Asset Management Infraestructure Investment Group y la holandesa Dutch Pension Fund Stichting Pensioenfonds.
