Moisés Jiménez, presidente de Coepa. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. A punto de cumplirse los cuatro meses de plazo antes de entrar en concurso de acreedores, la patronal de Alicante (Coepa), sigue prácticamente en el mismo punto: implorando a las administraciones públicas que la salven de un desastre inevitable a menos que el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat se impliquen en su rescate.
La organización que preside Moisés Jiménez se acogió al preconcurso de acreedores a principios de noviembre ante la amenaza de embargo de sus bienes por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El ente dependiente de la Conselleria de Hacienda adoptó la decisión de ir a por los bienes de la patronal alicantina tras el impago de un crédito de 3 millones de euros para la construcción de un centro de formación.
El IVF que dirige Manuel Illueca le reclaman esos 3 millones más 900.000 euros de intereses que se vayan acumulando en el periodo de tramitación y para ejecutar la garantía se recurre a todo: desde los edificios a los vehículos, pasando por las subvenciones, ayudas o créditos fiscales a los que pudiera tener derecho.
La única alternativa que la patronal ha puesto encima de la mesa es la entrega del edificio a cambio de cancelar la deuda, explican fuentes conocedoras de la situación. La Generalitat estaría dispuesta a aceptarlo si el Ayuntamiento, titular del suelo en el que se asienta el centro, recupera la propiedad de los terrenos. A cambio, las administraciones esperan una renuncia por parte de la cúpula de la patronal que permita justificar políticamente el rescate. Sobre todo después de que, tras los excesos del pasado, el presidente de la Generalitat se comprometiera a que no habría más dinero para salvar a estas organizaciones.
Pero la renuncia no está entre los planes de los responsables de Coepa. Eso es al menos lo que se desprende del resultado de la reunión de la junta directiva celebrada este lunes tras la que casi a media noche la patronal alicantina se descolgó con un comunicado en el que, de nuevo, trasladaban a los demás la responsabilidad de evitar la caída de "la organización empresarial más representativa de la provincia de Alicante".
Así las cosas, la directiva acordó pedir encuentros urgentes con el alcalde de Alicante, el presidente de la Generalitat, el IVF y los consellers de Hacienda, Economía y Transparencia, para solicitarles "la máxima implicación en la búsqueda de la solución que permita que el Centro de Cualificación Profesional incremente su actividad y dé el servicio que la sociedad alicantina precisa".
Tras reivindicar sus 38 años de "trayectoria de servicio a las empresas y a la sociedad alicantina" y su "papel fundamental en la concertación social", la organización también lanzó una advertencia al resto de organizaciones empresariales de la Comunitat, a las que advirtió de que su entrada en concurso también tendría "implicaciones" para ellas.
En los últimos meses, la preocupación de patronales como la autonómica Cierval o la valenciana CEV por el posible efecto contagio de la crisis alicantina ha ido en aumento. Los temores surgen por la responsabilidad que la patronal Cierval, de la que Coepa es entidad fundadora, la CEV o la patronal de Castellón (CEC) pudieran tener que asumir por el principio de solidaridad entre organizaciones.
Además, el hecho de que Coepa deba cerca de medio millón a Cierval por cuotas pendientes es otro de los factores a tener en cuenta ante el riesgo real y próximo de que la alicantina entre en concurso de acreedores.
Los problemas de la patronal alicantina y la investigación por posible fraude en las ayudas a la formación de la patronal de Castellón han actuado como detonante para que Cierval, forzada por la presión de la patronal de Valencia, haya puesto de nuevo en marcha el plan de rediseño de su estructura encaminado a aumentar el peso de Valencia en su asamblea en consonancia con las aportaciones económicas, pues hoy por hoy el principal sustento económico de la organización autonómica es la CEV.
