Compromís, ante la indecisión de su postura en las comisiones de investigación de 'Azud'

VALÈNCIA. Compromís tiene ante sí un dilema: qué postura adoptar con las propuestas de comisión de investigación del caso Azud. La fundamental es la de Les Corts, cuyo voto no tienen decidido todavía según fuentes del grupo. Pero existe otra, la de la Diputación de Valencia, en la que directamente ya han anunciado que votarán en contra. La primera fue propuesta por Ciudadanos. La segunda por el PP. 

La causa se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Hasta la fecha, alrededor de 60 personas están imputadas y se apunta a los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.

Uno de los principales investigados es José Luis Vera, quien fuera director de los servicios jurídicos, de prevención de riesgos penales y de transparencia de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación. Allí estuvo desde su nombramiento en 2015 hasta mayo de 2022, cuando fue despedido debido al proceso de liquidación de Divalterra.

Vera se encuentra presente en toda la investigación realizada por el momento. También en la pieza separada conocida recientemente sobre la posible financiación irregular del PSPV. La investigación apunta a que el partido sufragó en B gastos electorales de tres campañas diferentes: la de las municipales de València de 2007 con Carmen Alborch como cabeza de lista; la de las autonómicas de ese mismo año con Joan Ignasi Pla como candidato; y la de las generales de 2008 a las que se presentó la por entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como 'número 1' por la circunscripción de Valencia.

La operativa habría consistido en un supuesto concierto entre personas vinculadas al PSPV y empresas por el que estas últimas habrían tenido acceso ventajoso a una serie de operaciones urbanísticas en las que resultar beneficiadas por las administraciones a cambio de una contraprestación económica (o comisión). En base a anotaciones, reuniones y pagos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza detallan que el objetivo de los presuntos cabecillas de la trama era el reparto de dinero tanto para beneficio personal como para el partido.  

En todo este contexto, el PP de la Diputación, dirigido por Vicente Mompó, propuso una comisión de investigación "para el estudio en profundidad de todos los contratos realizados con terceros, por la extinguida Divalterra", que tengan relación con el departamento de Vera desde julio de 2015 hasta la liquidación de la sociedad. 

Compromís, tras estudiar este asunto en el seno del grupo que encabeza Xavi Rius, ya ha anticipado que votará en contra en el pleno extraordinario de este viernes. En opinión de la coalición, lo que ha salido en el caso Azud "nada tiene que ver con la Diputación y no tiene razón de ser" pese a que aparezca Vera como protagonista. "Hay una clara intencionalidad política y si Les Corts nos pide colaboración para la suya lo haremos. Lo que tiene que hacer el PP es que si detecta alguna irregularidad que denuncie específicamente", añaden. 

La posición, directamente de rechazo, supone que no vaya a salir adelante. Por lo que ahora las miradas van hacia el Parlamento autonómico. La semana pasada, Compromís se abría a apoyar la comisión propuesta por Ciudadanos. Su portavoz, Papi Robles, hablaba de que fuera "real" y se pactara un calendario de comparecencias, también de aquellos del PP que aparecen como el exvicealcalde de València Alfonso Grau, el abogado José María Corbín o el diputado Jorge Bellver. Compromís, por tanto, quiere hablar con la formación naranja –ahora con su nueva síndica, Mamen Peris– para acordar los términos y, entonces, ver qué posición toman los populares y sus socios del PSPV. 

Sea como fuere, una comisión de investigación a estas alturas sería exprés puesto que, si las elecciones se celebran el 28 de mayo, Les Corts se tendrían que disolver, como máximo, el 3 abril. De hecho, únicamente se han aprobado plenos hasta febrero en el nuevo periodo de sesiones. Algo similar ocurrió con la comisión de Crespo Gomar en 2019, iniciada muy poco antes de los comicios autonómicos–que se adelantaron– y recordada por lo inadvertida e irrelevante que resultó salvo por las constantes ausencias de los comparecientes.