VALÈNCIA (EP). , ha remarcado que Sumar "presionará desde todos los frentes, también desde el Consejo de Ministros", para impedir la ampliación del puerto de València y ha apelado directamente a la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que niegue la declaración de impacto ambiental y evite un nuevo caso Castor que acabe causando perjuicios económicos a Estado.
En rueda de prensa en el Congreso, la diputada valenciana ha mostrado su sorpresa por el hecho de que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, haya anunciado que el Consejo de Ministros aprobará "en breve" la ampliación del puerto de València, y ha apelado a la vicepresidenta Ribera para pararlo.
"Nos sorprende esta cuestión porque conocemos la posición del Ministerio de Transición Ecológica, que se ha negado siempre a firmar una nueva declaración de impacto ambiental favorable --ha comentado--. Suponemos que la ministra Ribera, que es una persona que tiene conciencia ambiental, no va a querer que en la ampliación del puerto de València conlleve que haya hormigón en la costa valenciana, poner en riesgo la albufera de Valencia, poner en riesgo las playas del sur y colapsar de camiones nuestra ciudad".
Agueda Micó ha subrayado que tanto Compromís como la coalición Sumar se opondrán a ese proyecto "desde todos los frentes", y también en el propio Ejecutivo para "evitar un nuevo caso Castor", en referencia a la plataforma gasista frente a las costas de Tarragona y Castellón que fue autorizado por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que años después se paralizó tras detectarse movimientos sísmicos y hubo que acabar indemnizando a las empresas que la impulsaron.
"Estamos totalmente en contra de que haya proyectos que vayan en contra del medio ambiente para beneficiar a una única empresa privada y que acabe siendo pagado desde dos puntos de vista, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista económico por la ciudadanía", ha proclamado.
Según ha dicho el caso de la plataforma Castor costó más de 4.700 millones con los que ahora estarían resueltos los problemas de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana hasta la nueva aprobación del sistema de financiación.