VALÈNCIA (EP). La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de Compromís, Àgueda Micó, ha anunciado que su formación denunciará ante los tribunales la ampliación del Puerto de València que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros y pedirán además la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
"Es un macroproyecto que va totalmente en contra de los intereses medioambientales, económicos y sociales no solo de la ciudad de Valencia, sino de todo el país", ha advertido durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha insistido en la necesidad de paralizar este proyecto.
"Vamos a hacer preguntas parlamentarias al respecto y vamos a llevarlo también a la Comisión Europea para vea y estudie si las directivas europeas que se aplican en casos medioambientales se están desarrollando correctamente", ha explicado.
Desde Compromís consideran que los socialistas han pactado con PP y Vox cuestiones que van "en contra de los intereses valencianos" y que solo beneficia a las multinacionales y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras unas declaraciones en las que la presidenta regional aseguraba que el puerto de Madrid es Valencia.
"El foco hay que ponerlo en el PSOE, que es el partido que ha truncado una mayoría y un acuerdo con sus socios parlamentarios", ha reprochado Micó, que considera además, que la formación socialista debería "hacerse mirar" cuales son sus prioridades y cuales son sus socios.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha reiterado el rechazo de su formación a la extensión de esta infraestructura y lamenta la posición del PSOE; que se ha alineado con el PP en contra de las "políticas mínimas de salvaguarda ambiental".
Por tanto, ha desgranado que van a apoyar las decisiones que adopte Compromís, en respuesta la "cuestionable" actitud del PSOE con el Puerto de València.
El paso dado por Compromís de pedir las comparecencias de ministros del PSOE no tuvo lugar en la anterior legislatura cuando Unidas Podemos y los socialistas compartían gobierno, dado que había un consenso de solo respaldar las comparecencias de miembros del gobierno que fueran a petición propia.