VALENCIA, (EP). La diputada del grupo parlamentario Compromís, Isaura Navarro, ha exigido este miércoles que la situación de "ilegalidad" del contrato realizado por el Hospital General de Valencia con el servicio de resonancias a la empresa Eresa desde 2012, según se desprende del informe de la Intervención de la Generalitat, se resuelva de "manera inmediata".
Como adelantó Valencia Plaza en exclusiva, el informe de la Intervención General 2015 de la Generalitat recuerda que la cláusula contractual suscrita entre ambas partes para establecer prórrogas por el mero consentimiento tácito por tres años es "nula", y por tanto la vigencia del contrato debió de finalizar en 2012, por lo que desde entonces "el servicio se viene prestando sin soporte legal por la empresa" y "todos lo actos derivados de este incumplimiento devienen nulos de pleno derecho".
Al respecto, Navarro ha constatado que lo que revela el informe de la Intervención es que el entonces gerente del Hospital General, Sergio Blasco, sobrino de Rafael Blasco -actualmente en prisión por las ayudas a la cooperación-, "actuaba de manera ilegal y todos los actos derivados de esa relación entre este centro hospitalario y Eresa son nulos de pleno derecho desde el año 2012".
"Estamos hablando de una situación de ilegalidad que debe resolverse de manera inmediata con convocatorias públicas, legales, de competencia, donde el resto de empresas puedan presentar sus ofertas y competir en calidad y en precio", ha exigido.
De hecho, ha constatado que los valencianos "estamos pagando las resonancias más caras de todo el estado por culpa de las relaciones especiales de los dirigentes del PP con la empresa Eresa, esta trama está ahora mismo bajo investigación judicial".
"Nos tenemos que librar del servicio de resonancias que Eresa ofrece en el sistema sanitario valenciano e integrar este servicio en la propia conselleria para conseguir un servicio cien por cien público y de calidad", ha apostillado.
El informe de Intervención General sobre el citado hospital, incorporado a la Cuenta General 2015, recuerda que el 29 de abril 2009 se firma una nueva adenda a los contratos iniciales firmados con anterioridad con la sociedad Exploraciones Radiológicas Especiales, S.A.
Esta nueva adenda "introduce modificaciones en las prestaciones, precios, revisión y su facturación y establece que desde el 1 de noviembre de 2008 la facturación por los servicios de TAC, resonancia magnética y servicios complementarios se remitirá al Consorcio, a su nombre, y con el NIF del mismo". Sin embargo, ha comprobado que hasta el ejercicio actual, el Consorcio "no ha registrado en su contabilidad facturas por dichos servicios".
Además, esta nueva adenda también incluye prórrogas tácitas por periodos de tres años pese a que la ley de contratos públicos indica que "no se pueden establecer prorrogas por el mero consentimiento tácito de las partes". Por ello, esta cláusula contractual "deviene nula y la vigencia del contrato debió de finalizar una vez expiró el plazo inicial de la adenda suscrita en 2009".
En ese sentido, ha evidenciado que "a partir de este momento y puesto que no se procedió a formular una prórroga por ambas partes de la manera expresa, se debió dejar de prestar el servicio y acudir a un procedimiento de licitación para poder adjudicar el mismo".
De esta forma, dado que no se ha acudido a un procedimiento ajustado a la ley, sino que "el servicio se viene prestando sin soporte legal por la empresa, se considera que todos lo actos derivados de este incumplimiento devienen nulos de pleno derecho".
