VALÈNCIA. La próxima semana el pleno del Senado deberá decidir si, como reclama Compromís en sus enmiendas, se condona de una vez la deuda e intereses pendientes de los afectados por la pantanada de Tous de 1982. El alcalde de Alzira, Diego Gómez, junto al abogado José Manuel Vila y afectados de la localidad han dado a conocer el contenido de la enmienda número 3749 en la que se propone condonar la deuda e intereses con los afectados por la pantanada de Tous de 1982.
De esta forma, el Gobierno dispondría de los recursos presupuestarios necesarios para condonar los 47 préstamos pendientes que reclama el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a los afectados por la rotura de la presa de Tous y las posteriores inundaciones y a sus descendientes. Esta cuantía está valorada en 639.200 euros según estimaciones realizadas.
"Consideramos que, de forma injusta con las personas afectadas, las distintas administraciones han sido poco sensibles con los afectados de este nefasto capítulo que complicó la vida a decenas de familias por no haber tenido a la administración como un aliado y sí a sus instituciones, bancos y entidades públicas pendientes de cobrar hasta el último euro, a pesar de haber sido declarado judicialmente el Estado como responsable civil subsidiario. Ha llegado el momento que se cumplan con los compromisos y que el ICO asuma la deuda pendiente y archive de una vez esta cuestión. No es un imposible y se han condonado deudas a instituciones, empresas y administraciones de forma legal y motivada. El Gobierno debe establecer las medidas para que el drama de la pantanada siga todavía vivo para muchas familias tantos años después", ha declarado el senador.
Diego Gómez ha declarado: "Esta situación ha creado mucha incertidumbre en las personas afectadas y sus familias por la inmoralidad del procedimiento". A su vez ha comentado "que se abre una ventana de optimismo para cerrar definitivamente la herida abierta que se abrió hace 40 años".
El Gobierno, a través de las antiguas Entidades Oficiales de Crédito, otorgó ayudas a devolver para los afectados por la pantanada, que ocurrió el 20 de octubre de 1982. Este capítulo de la historia valenciana dejó ocho muertos y más de 300 millones de euros en daños materiales, algo que 40 años después todavía no se ha podido cerrar para 47 familias debido a que el ICO sigue exigiendo el pago de las deudas. Según explica Compromís, en muchos casos la persona que concertó la operación ha fallecido y la demanda se dirige contra su viuda, personas ya octogenarias y vulnerables o pensionistas o herederos, que no tuvieron conocimiento directo de estas operaciones. Los intereses del 7% en algunos casos doblan la cuantía del préstamo.
En otros casos, dado el tiempo transcurrido, estas personas no conservan hoy ninguna documentación que permita demostrar el pago de los créditos y tienen muy difícil poder defenderse ya que, además, las entidades bancarias con las que operaron han desaparecido, por lo que no tienen la posibilidad de solicitar un justificante. Existen casos de personas con problemas económicos y que pueden verse con embargos de sus viviendas y otras en el que son los hijos quienes tienen que poner el dinero adeudado.
Hace 40 años lluvias de intensidad torrencial que dejaron hasta 1.000 litros por metro cuadrado reventaron el embalse y las aguas desbordadas del río Júcar inundaron la comarca de La Ribera, dejando fallecidos, miles de damnificados y unos 300 millones de euros en daños. El Tribunal Supremo sentenció en 1997 que el Gobierno de España debía hacerse cargo de las indemnizaciones de los 7.000 perjudicados -incluidas las de las familias de las ocho víctimas mortales- como responsable civil subsidiario de la rotura de la presa de Tous.
En 2008 el Consejo de ministros acordó condonar totalmente los préstamos que no superaran los 1.500 euros, y para los casos en que superaron esa cifra se decidió condonar el importe referido a los intereses, si bien todavía hay decenas de personas que tienen pendiente de resolver la devolución de sus préstamos. "Urge acabar de una vez con este episodio, pues la reclamación de un final ha sido exigida de forma unánime y reiterada por las autoridades valencianas" insiste la formación.