Compromís plantea tasas de ocupación en la Marina que recaigan a favor del consorcio gestor

VALÈNCIA (EP). Compromís ha registrado una proposición de ley en el Congreso para reformar la Ley de Puertos del Estado y que las tasas de ocupación en la Marina de Valencia devenguen a favor del consorcio público que la gestione, sin que la Autoridad Portuaria pueda exigir tasas a dichos consorcios u organismos ni a los sujetos que ostentan los distintos títulos de ocupación.

La Marina de Valencia nació con motivo de la Copa de América de vela en 2007. Su gestión recayó en el Gobierno central (40%), el autonómico (40%) y el local (20%) mediante el Consorcio Valencia 2007. Sin embargo, el año pasado comenzó su proceso de liquidación, después de que el Estado saliera del consorcio tras saldar una deuda acumulada de 400 millones de euros, correspondiente a la celebración de la copa en 2007.

En lo que se refiere a las tasas, el consorcio mantiene una deuda superior a los 24,7 millones de euros con la Autoridad Portuaria de Valencia. El consorcio entiende que no se pueden cobrar estas tasas al ser suelo urbano a efectos prácticos.

Es aquí donde aparece la propuesta de Compromís, en forma de una serie de modificaciones en varios artículos de la ley, así como una nueva disposición adicional.

La formación valenciana también plantea modificaciones para que los consorcios y demás organismos públicos que ostenten funciones de gestión de los espacios portuarios se consideren gestores de pleno derecho del dominio público.

La propuesta indica que los consorcios quedarán adscritos a la autoridad portuaria o bien a la correspondiente comunidad autónoma, según se establezca en los correspondientes estatutos.

No obstante, una vez iniciado el procedimiento de segregación regulado, en referencia a la lámina de agua de la dársena de la Marina, el consorcio deberá quedar "obligatoriamente" adscrito a la comunidad autónoma correspondiente, a fin de preparar el futuro traspaso.

En el caso de La Marina de Valencia, de hecho, Compromís quiere que la norma sea efectiva en un plazo máximo de tres meses, de manera que no tenga que seguir la tramitación prevista en la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público.