VALÈNCIA, (EFE). El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha planteado este lunes, en una comparecencia en el Congreso, reducir la subvención electoral a Ciudadanos por haber realizado gastos no autorizados legalmente en 2015 "al emitir publicidad electoral en televisiones locales".
En 2016 y entre los gastos pendientes de pago en la fecha de presentación de la contabilidad electoral, destacan los correspondientes a Unidos Podemos, por 566.165 euros; Compromís-Podemos-EUPV, 260.908 euros y el PSC, por 71.383 euros. En 2015, en los gastos pendientes destacó UDC, con 347.363 euros.
En su comparecencia para presentar los informes de fiscalización de la contabilidad electoral de 2015 y 2016, Álvarez de Miranda ha explicado que no hay propuestas de no adjudicación de las subvenciones electorales ya que todas las formaciones presentaron su contabilidad electoral, "y únicamente se plantea reducir la subvención a Ciudadanos por haber incurrido en gastos no autorizados".
Según Álvarez de Miranda, en 2016, las formaciones políticas declararon recursos por un total de 45 millones de euros, de ellos 23 procedían del endeudamiento bancario, 15 millones de los adelantos de subvenciones electorales, 7 millones de aportaciones de los respectivos partidos y una cuantía reducida de aportaciones privadas.
El pasado año, ninguna formación política superó el límite máximo de gastos, ni tampoco los límites relativos a gastos de publicidad en prensa y radio.
En cambio, una formación (Agrupación socialista de Gomera) sobrepasó el límite de gastos de publicidad exterior, con un exceso del 90,14 % sobre dicho límite.
En 2015 y según el presidente del Tribunal, todas la formaciones políticas cumplieron son su obligación de presentar al Tribunal de Cuentas su contabilidad electoral si bien la coalición UPN-PP lo hizo fuera de plazo.
Ese año tampoco consta el reintegro del adelanto de la subvención por tres formaciones: Geroa Bai, Nós cantidatura galega (coalición encabezada por el BNG) y UDC, que no obtuvieron representación parlamentaria.
En 2015, las formaciones políticas declararon recursos por un total de 57,7 millones de euros: 34 procedían del endeudamiento bancario, 16 de los adelantos de subvenciones electorales y 7 millones de aportaciones de los respectivos partidos y un pequeño importe de aportaciones privadas.
En sus recomendaciones, el presidente del Tribunal de Cuentas pide regular en mayor medida las nuevas fórmulas de financiación como son las operaciones de endeudamiento por concesión de microcreditos.
Álvarez de Miranda se refiere a cómo en 2015, Podemos declaró, bajo esta fórmula, aportaciones por valor de 2,8 millones de euros. Estos fondos se ingresaron en un cuenta distinta a la electoral, a las que después son transferidas.
Por ello, el presidente del Tribunal ha sugerido que estas fórmulas de financiación se ajusten a la ley, lo que implica que se utilicen las cuentas electorales establecidas para la obtención de financiación, "que deben quedar perfectamente identificadas".
Con ello, ha dicho Álvarez de Miranda, el Tribunal de Cuentas no presume una situación de irregularidad sino que apela a que se regulen "más claramente" las condiciones de estas operaciones.
Además, entre las recomendaciones el Tribunal sugiere precisar los conceptos, imputación y justificación de gastos electorales, evaluar la adecuación de los límites de gastos en publicidad exterior, prensa y radio a los nuevos soportes publicitarios, consecuencia de las nuevas tecnologías.
También considera que se deben valorar las donaciones privadas destinadas a financiar el coste electoral y acotar los períodos en las que se realizan.
Por otro lado, desde Compromís recordaron que en su momento ya presentaron su correspondientes alegaciones en las que abonaron en dos tandas (una del 26 de noviembre de 2016 y otra del 10 de enero de 2017) el total de la cantidad adeudada. Unos pagos que, según el anexo incluido en el informe, se realizaron "desde la cuenta electoral tras la aportación de nuevos recursos por los partidos integrantes".
