La diputada de Compromís responsable de Sanidad, Isaura Navarro. Foto: EFEVALÈNCIA. Compromís tiene claro el objetivo de cerrar el paso a Ribera Salud en la Comunitat Valenciana. La coalición que lidera Mónica Oltra respalda con firmeza la reversión del modelo Alzira iniciada por la consellera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, pero además quiere ir un paso más allá utilizando todas las herramientas legislativas a su alcance para reducir la capacidad de maniobra de la citada empresa de gestión sanitaria participada al 50% por la estadounidense Centene y el Banco Sabadell.
En esta línea, el grupo de Compromís en Les Corts prepara una enmienda para incluir en la reforma de la Ley de Salud de 2014 que va dirigida, precisamente, a evitar el derecho de tanteo que Ribera Salud posee sobre las acciones de Marina Salud, la gestora del Hospital de Dénia actualmente participada por la aseguradora DKV en un 65% y en un 35% por la empresa liderada por Alberto de Rosa.
Así, la diputada responsable de Sanidad, Isaura Navarro, con la firma del síndic de Compromís, Fran Ferri, ultiman un texto basado en "garantizar la libre competencia en la gestión privada de la sanidad pública". En el borrador de la enmienda que diseñan desde este grupo se pone sobre la mesa que ninguna empresa pueda concentrar el 35% del total del accionariado correspondiente a las empresas concesionarias de la prestación de la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Sistema Valenciano de Salud. Una iniciativa que todavía se encuentra en fase de estudio y redacción, si bien la previsión de Compromís es presentarla el lunes con el resto de enmiendas propuestas.
La medida es, sin duda, polémica, por lo que supone de límite a la libertad de empresa, al obligar a las sociedades a tener al menos tres accionistas que no podrían superar el 35%. Aunque está pensada para el área de La Marina, afectaría también a las áreas de La Ribera, Torrevieja y Elx-Vinalopó -las tres controladas por Ribera Salud- y a la de Manises, que controla Sanitas al 100%.
De salir adelante, esta modificación dejaría en fuera de juego a Ribera Salud en el intento de adquirir la parte de Marina Salud que DKV quiere vender y facilitaría de esta manera la reversión de la concesión -mediante la compra de Marina Salud- también en esta comarca a la que se comprometió públicamente el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En los últimos meses, Puig ha mantenido encuentros con los alcaldes de la zona para conocer sus impresiones sobre el funcionamiento del actual sistema. Para su aprobación, todo depende del apoyo de las fuerzas del Botánico, PSPV y Podemos, dado que se entiende que una iniciativa de estas características no obtendrá el respaldo de PP, Ciudadanos y los diputados no adscritos.
Los promotores de la medida defienden su establecimiento en la "garantía" de "la libre competencia" y en el objetivo de "evitar monopolios". Sobre esto, las fuentes consultadas subrayaron que este tipo de medidas no son nuevas y se han incluido fórmulas similares en otras leyes como la del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, donde se establece que "ninguna empresa -por sí sola o en colaboración con otras- podrá concentrar con carácter anual más del 20% del coste del total contratado por la Corporación, tanto en proyectos de producción propia externalizada como externa". Un especie de cláusula antimonopolio basada en garantizar "la pluralidad y la libre competencia".
De momento no está claro cuál sería el desenlace final -sin la propuesta de Compromís- en el caso de que Ribera Salud recurriera al derecho de tanteo. La compañía liderada por Alberto de Rosa siempre ha insistido en que tiene legitimidad para ejercerlo al cumplir con los requisitos legales, mientras que Sanidad ha señalado en alguna ocasión que no daría su autorización a la compraventa.
Tampoco se ha anunciado públicamente desde la administración cuál será la fórmula con la que pretenden recuperar la gestión del Hospital de Dénia, a pesar de que ya han pasado prácticamente dos años desde que el presidente de la Generalitat anunciara la decisión. Entre las últimas posibilidades estudiadas se plantea que el saldo a favor de la Generalitat que arroje la liquidación pendiente del departamento de Dénia sirva para compensar el precio que habrá que pagar a los accionistas de Marina Salud.
Esto no quiere decir que el rescate saldría gratis, sino que no supondría un desembolso que hubiera que restar de otras partidas del presupuesto, pero también condicionaría el cálculo del precio del derecho de tanteo. Mientras, Marina Salud cifraba la liquidación pendiente por la concesión en 67 millones a favor de la administración en sus cuentas de 2016, una cifra que podría ajustarse al cálculo final que debería pagar la administración por la reversión anticipada.
Lo que es evidente es que la discrepancia por el derecho de tanteo abocaría a las partes con mucha probabilidad a otro conflicto en los tribunales, como viene dándose en los dos últimos años. Ribera Salud ya ha demostrado que no está dispuesta a abandonar los departamentos que está gestionando tan fácilmente, ni aunque la concesión llegue a su fin. Así ha ocurrido en La Ribera, donde el contrato finaliza el 31 de marzo y la compañía gestora ha recurrido, entre otros puntos, la decisión de no prórroga del contrato, que le permitiría alargar su gestión cinco años más.
