VALÈNCIA. (EP). Compromís ha registrado una iniciativa en el Congreso reclamando al Gobierno que incluya "criterios objetivables de necesidad económica" en la Ley General Presupuestaria con el fin de garantizar un reparto transparente de la financiación autonómica y de las inversiones del Estado.
Asimismo, la formación valenciana ha exigido al Ejecutivo el reconocimiento del déficit inversor de algunas comunidades, entre ellas la suya, derivados de un "sistema injusto de reparto actual de las inversiones en los Presupuestos".
Por ello, piden al Gobierno compensar este "déficit inversor" en los próximos Presupuestos Generales del Estado y "cumplir con los principios y criterios de reparto de las inversiones del Estado establecidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico-presupuestario".
Todo ello forma parte de una proposición no de ley que el portavoz económico de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, ha registrado este lunes en la Cámara Baja con el fin de someterla a debate en la Comisión de Hacienda.
Candela recuerda que la propia Constitución "exige realizar una asignación equitativa de los recursos públicos" y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que "las inversiones que efectúe directamente el Estado y el Sector Público Estatal se inspirarán en el principio de solidaridad".
Sin embargo, critica que estos preceptos "no se han cumplido en ninguno de los Presupuestos de los últimos años, por lo que la capacidad inversora del Estado no ha servido para mitigar las desigualdades económicas entre las comunidades autónomas".
En concreto, el diputado valenciano pone el ejemplo de los últimos Presupuestos aprobados, los de 2018, en los que detecta diferencias entre comunidades autónomas de entre 250 y 300 euros per cápita", una circunstancia que, a juicio de Candela, "no puede volver a repetirse".
Así, el portavoz económico de la formación naranja reivindica que "el Gobierno de Sánchez no puede comportarse como lo ha hecho Rajoy durante los últimos años" y defiende unos criterios de reparto de inversiones por ley "para que el Gobierno no pueda mercadear con los Presupuestos Generales del Estado".