Compromís tilda la comisión de Crespo Gomar de "absurda" y Podem le recuerda que la apoyó

VALÈNCIA. A la quinta fue la vencida. Después de varias sesiones, este miércoles acudieron un total de tres comparecientes -de los cinco que fueron llamados- a la comisión que investiga la financiación de PSPV y Bloc en la campaña de 2007. La cifra no era para sacar pecho, pero los antecedentes invitaban a ello. De hecho, antes de que iniciara la comisión, se pudo oír cómo algún diputado celebró las asistencias.

Ahora bien, a pesar de que el desarrollo ha mejorado significativamente respecto a las anteriores sesiones, la comisión volvió a tropezarse este miércoles con las reticencias que han mostrado desde el inicio socialistas y valencianistas en sus intervenciones respecto a la celebración de esta investigación. 

Ambos grupos han criticado que la información con la que cuentan para enfrentarse a la comisión proviene únicamente las noticias en prensa -poniendo en duda la veracidad de la misma-; y han cuestionado la fiabilidad de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por tratarse de "fotocopias". Pero este miércoles se fue un paso más allá y se expresó en voz alta lo que piensan realmente sus señorías de esta comisión. 

Tras un rifirrafe con el primer compareciente -el exresponsable y fundador de la constructora Blauverd, Vicente Girbés-, la diputada de Compromís Teresa García dijo que la comisión era "absurda" desde el momento en el que se estaban investigando delitos ya prescritos.  

Unas declaraciones por las que le reprendió el portavoz de Podem, Antonio Estañ: "Es una comisión que se aprobó por todos los grupos parlamentarios y cuyo plan de trabajo fue validado por Compromís también". "Entiendo que pueda ser molesta para algunos, pero hay contenido más que de sobra como para que se celebre", zanjó el también secretario general de la formación morada en la rueda de prensa tras la Junta de Síndics. 

Conviene recordar que la causa sobre la que versa la comisión que se desarrolla ahora en el Parlamento valenciano se instruyó durante año y medio en el juzgado de Instrucción 21 de Valencia tras una denuncia ante la Policía presentada por el diputado del PPCV, José Císcar, quien recibió unos papeles que apuntaban a un presunto entramado de corrupción en el que los gastos electorales de PSPV y Bloc en el citado año se habrían terminado facturando a otras empresas por parte de la mercantil Crespo Gomar. 

Sin embargo, tras constatar que el delito de financiación ilegal estaba prescrito, la juez derivó la causa a otros cuatro juzgados, donde se investigan los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. De estos delitos, ninguno está prescrito. 

Tres comparecientes

El primero en comparecer este miércoles fue Girbés, que subrayó a sus señorías que el 99,9% de sus trabajos eran para el sector privado y tan solo en momentos puntuales trabajó para la administración pública. De la misma manera, también aseguró que todas las facturas que pagó su empresa se correspondían con servicios prestados y la relación con Crespo Gomar, con quien dijo haber coincidido en un par de reuniones, era la que mantenía con "cualquier proveedor".

Los primeros minutos de sus señorías bastaron para constatar que más de uno no se había preparado a fondo la intervención y se le "hizo bola" el turno de repregunta -quien sabe si por imaginar que la comisión iba a seguir los mismos pasos que las semanas anteriores y no iba a celebrarse-. 

No en vano, desde Ciudadanos y Podem preguntaron a Girbés por qué el nombre de Blauverd aparecía en un correo electrónico en el que se reflejaba una "factura expedida por Crespo Gomar" a la constructora "por un importe de 60.000 euros dando órdenes de que se remitiera a la atención de Pepe Cataluña". Sin embargo, cuando el exresponsable de la constructora preguntó de dónde "salía" ese correo, ninguno de los diputados de estas formaciones fue capaz de explicar que la Policía interpreta en sus informes que el correo habría sido enviado desde Crespo Gomar. 

La primera, Hallado, también acudió este miércoles a la comisión. Su intervención fue una réplica de la que ya ofreció en el Senado recientemente, donde manifestó que no era la autora de los correos electrónicos en los que se intercambian información e instrucciones sobre facturas de gastos de la campaña electoral a nombre de Hospimar 2000 y Quick Meals Ibérica. 

El turno de comparecencias lo cerró el empresario alicantino Enrique Ortiz, que aseguró que no tenía conocimiento de una supuesta financiación irregular de los socialistas, ni del Bloc. Ortiz insistió también en que nunca ha colaborado en nada "que pueda perjudicar al PSOE ni al Bloc".