Compromís y PSPV ultiman medidas legales contra los anuncios de prostitución en la prensa

VALÈNCIA. Fue una de las primeras iniciativas registradas en la actual legislatura. En septiembre de 2015, Compromís presentó una proposición de ley para regular la publicidad institucional en los medios de comunicación. Una normativa que pretendía que estas ayudas se repartieran atendiendo a criterios objetivos y así evitar "el uso partidista o particular en la gestión comunicativa pública" como ya sucede en autonomías como la navarra o vasca. Dos años y medio después, la propuesta llegará el próximo 28 de marzo a la comisión de Coordinación de Les Corts para votarse.

El acuerdo entre PSPV y la coalición valencianista sobre tres aspectos que afectaban a la futura norma autonómica ha sido clave para que se desbloquearan las negociaciones, pues aunque desde marzo de 2016 las enmiendas estaban ordenadas y a los grupos parlamentarios sólo les quedaban dos jornadas para concluir el proceso y validar la ley -su votación en comisión y posteriormente en pleno-, las diferencias entre ambos socios del Botànic en algunas partes del articulado habían provocado que el PSPV, que preside la citada comisión, bloqueara su tramitación al no incluir su debate en ninguna de las convocatorias. 

Así, una de las cuestiones en las que trabajan Compromís y la formación del puño y la rosa a propuesta de los valencianistas es que se tenga en cuenta a la hora de repartir las subvenciones si los medios de comunicación incluyen anuncios de prostitución entre sus páginas. La intención, a priori, es que este sea uno de los criterios que estudien las administraciones -Diputación, Generalitat o Ayuntamiento- para adjudicar las ayudas con el objetivo de desincentivar su presencia en la prensa. "Ya es hora de que los medios de comunicación serios abandonen este tipo de publicidad que hace negocio a costa del maltrato a las mujeres", afirma la diputada de Compromís Isaura Navarro, impulsora de la proposición de ley, a Valencia Plaza. "Que pese sobre el reparto tener este tipo de anuncios que tanto daño hacen", añade. 

Aunque todavía está por definir la forma en la que quedará redactada esta enmienda transaccional y, por tanto, la manera de estimular a los medios a que opten por renunciar a esa fuente de ingresos, la portavoz adjunta del PSPV, Ana Barceló, trasladó a este diario que su grupo coincide con la esencia de la propuesta de Compromís, por lo que existe un principio de acuerdo. "En la ley se deben introducir referencias a los anuncios de prostitución", manifestó. Eso sí, sin profundizar en el cómo ni lo estricta que sería la redacción de esta cláusula. Esto es, si recibirían cuantías más bajas que otros medios de comunicación que decidieran no incluir este tipo de anuncios o si sería más restrictiva y los dejarían sin subvenciones.  

Una pretensión que iría en consonancia con el Pacto contra la Violencia Machista y de Género al que ambos partidos se adhirieron y con el que deben cumplir. No en vano, este acuerdo contempla en el artículo 17 del cuarto eje que las "administraciones públicas valencianas no contratarán y/o subvencionarán medios de comunicación que utilizan la cosificación de las mujeres y la prostitución". Por lo que, la Generalitat, y en concreto la Dirección General de Relaciones Informativas y Promoción Institucional debe incluir en las próximas convocatorias esta consideración. 

El segundo aspecto sobre el que socialistas y valencianistas ya han cerrado un acuerdo, tal y como publicó el diario El Mundo, es la eliminación del apartado sancionador, que contemplaba que si un medio infringía la ley tendría que devolver a las arcas públicas los costes económicos que hubiera tenido la campaña publicitaria. También recogía la prohibición de contratar con la administración durante un periodo de tiempo variable -de 5 a 10 años- en función de la gravedad de la infracción.

Aunque el PSPV ya pidió vía enmienda la retirada de toda esta parte del articulado, el grupo que encabeza Fran Ferri no veía del todo claro su supresión. Sin embargo, tras numerosas conversaciones han decidido aceptar que no se incluya. Eso sí, a cambio de que la norma recoja un mecanismo mediante el cual se pueda exigir "la rectificación, la retirada de la campaña o revisión de adjudicaciones a los medios de comunicación en caso de que vulneren algún aspecto de la ley", subrayó Navarro. 

El tercer acuerdo al que han llegado ambos partidos es que no se constituya finalmente el Consejo de Control de la Publicidad Institucional. Un órgano cuyo fin era "informar de las campañas públicas institucionales previas a su publicación o difusión"; "Presentar, por lo menos una vez al año, el informe anual de la actividad de publicidad institucional ante la comisión parlamentaria correspondiente de Les Corts"; "Emitir informes o responder a consultas sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación de esta ley que le planteen las instituciones de la Comunitat Valenciana o grupos parlamentarios"; "Ordenar el cese o la rectificación de las actividades de comunicación"; o "instruir expediente sancionador a las personas que incumplan la normativa". No obstante, tanto el grupo que encabeza Manolo Mata como Compromís creen que no es "necesario un organismo controlador si la ley es clara".