Compromís y Unides Podem rechazan la rebaja de las multas de Turismo que pretende el PSPV

VALÈNCIA. A Compromís y Unides Podem no les ha gustado nada, pero nada, que Turisme de la Comunitat Valenciana haya planteado una modificación de la ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad para rebajar hasta un 70% las multas por infracciones graves a compañías turísticas. Una modificación legal que el departamento dirigido por el socialista Francesc Colomer pretende acometer a través de la ley de Acompañamiento de 2023 que sus socios del Botànic desconocían y que a día de hoy no están dispuestos a facilitar.

El cabreo principal de valencianistas y morados surge no solo por el calado de la reforma que el PSPV plantea, sino también por haberse enterado por la prensa de tal maniobra. Es decir, ni la forma ni el fondo han sentado bien. Si bien es cierto que Turisme sacó a información pública las modificaciones pretendidas a través de la normativa en tramitación de GVA Oberta, en Compromís y Unides Podem señalan que un cambio como este debería haberse negociado entre las tres patas del tripartito previamente. Al no ser así, ya deslizan que presentarán alegaciones desde sus consellerias. Y de prolongarse el debate, enmiendas en el trámite parlamentario de final de año, advierten los valencianistas. 

Los cambios que introduce el departamento de Colomer son considerables: no solo la rebaja de multas en un importante porcentaje a las compañías por infracciones graves como "incumplir los derechos de los trabajadores" u "obstruir la labor de la inspección", sino que además relaja la regulación a las plataformas de alojamientos turísticos.

Un 70% menos de sanción

La rebaja mayor afecta a las multas graves: actualmente, aquel que infrinja la ley puede llegar pagar 100.000 euros de sanción, pero de aprobarse el cambio registrado pasaría a abonar 30.000 euros como penalización máxima. Lo que supone, en definitiva, una rebaja del 70%. El mínimo a pagar por una multa grave pasa de 10.001 euros a 5.001; es decir, la mitad.

Entre las infracciones graves se encuentran, por ejemplo, negarse "a expedir factura de cobro de los servicios consumidos a solicitud de la clientela"; obstruir "la labor de la inspección de turismo en el ejercicio de sus funciones, o no atender los requerimientos formulados durante la inspección"; negarse a "facilitar a la Administración cualquier información relativa a la actividad turística desarrollada"; incluso incumplir la normativa en materia de prevención de incendios, seguridad, salud e higiene; o que las compañías emitan "publicidad falsa o que induzca a engaño".

Turisme también plantea una reducción del 50% de las sanciones tanto para las infracciones muy graves como para las leves. En el primer caso, el importe máximo a cobrar baja de 600.000 euros a 300.000, mientras en el segundo, pasarán de los 10.000 euros vigentes a 5.000. 

Desde el departamento, los socialistas exponen que la Comunitat Valenciana tenía las sanciones más altas en materia turística de todas las comunidades autónomas y por ello se ha decidido bajar los importes requeridos, dado que muchos eran inasumibles para las compañías. Una circunstancia que para los socios del Botànic es inasumible.

No en vano, con el cambio planteado se rebajan las multas a las empresas que incumplan "los derechos reconocidos a los trabajadores y trabajadoras de las empresas turísticas y de los prestadores de servicios turísticos por parte de las mismas y falten garantías de un empleo digno y de calidad". Por incurrir en esta infracción de carácter muy grave, la Generalitat sanciona con 600.000 euros a las compañías turísticas, con el cambio la multa queda en la mitad. 

"Cualquier modificación de la ley deberá ser acordada en el Botànic, porque estamos hablando de cuestiones muy delicadas que afectan a la salud y seguridad de las personas, derechos laborales, intrusismo o actividades ilegales", explica el diputado de Unides Podem Ferran Martínez a este diario. "Pensar que revisar la cuantía de las sanciones sea una prioridad para el Botànic es extraño, y más bien deberíamos estudiar si el funcionamiento de la inspección está siendo totalmente eficaz a la hora de prevenir y corregir comportamientos que no son conformes a la ley", añade el parlamentario. 

Relaja regulación apartamentos turísticos

Las multas más visibles por parte de Turisme Comunitat Valenciana fueron las impuestas a las plataformas de pisos turísticos como AirBnB, que recibió sanciones que llegaron hasta valores de 30.000 euros. Una tipología de multa que también recayó en al menos media decena de plataformas por no obligar a incorporar el número de registro otorgado por la Generalitat Valenciana a los pisos turísticos en sus anuncios.

No obstante, una sentencia del Tribunal Supremo de este mismo año señalaba que AirBnB no tiene responsabilidades sobre los anuncios ilegales que aparezcan en la plataforma. Esto ha llevado al departamento de Colomer a plantear también cambios en sus requisitos a las plataformas, que actualmente están vigentes en la Ley de Turisme.

Según la actual normativa, las plataformas digitales de alojamiento tendrán que cumplir sus obligaciones legales como empresas de servicios turísticos y colaborar con las diferentes administraciones para facilitar la supervisión y control público con el fin de controlar que los prestadores cumplan las normas. Este artículo, también recoge que las plataformas tendrán que solicitar al titular del alojamiento turístico que publique el número de registro. En el caso de no hacerlo, marcan una sanción económica como infracción muy grave.

Sin embargo, estas premisas ya no tienen cabida con la actual doctrina jurisprudencial del Supremo, lo que ha llevado a plantear cambios en las modificaciones sacadas a información pública. En ésta, solo se apunta a que la administración turística podrá requerir a las plataformas digitales la información necesaria para realizar la actividad inspectora. También alude a acuerdos de colaboración con las mismas "con la finalidad de favorecer el intercambio de información para velar por el cumplimiento de la normativa turística". No obstante, desaparece la posible sanción económica y la obligación de exigir el número de registro.