Comunicacions dels Ports defiende la legalidad de sus acciones en las ayudas al valenciano

VALÈNCIA (EFE). La empresa audiovisual Comunicacions dels Ports ha defendido que todas sus actuaciones en el marco de las subvenciones para el fomento del valenciano en los medios de comunicación "han estado marcadas siempre por la más absoluta legalidad y el más escrupuloso cumplimiento de la normativa que rige estas ayudas".

La empresa, participada por Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, ha emitido un comunicado un día después de que se conociera que la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Francis Puig y a su socio los delitos de estafa agravada y continuado de falsedad en documento mercantil, y pide al juzgado que inicie para esta causa la fase de procedimiento abreviado, previa al juicio oral.

La compañía destaca que las alegaciones que presentó tanto al primero como al segundo informe de la Guardia Civil, en las diligencias previas a raíz de la querella presentada por el PP, "aclaran sobradamente las dudas sobre la tramitación y justificación de estas ayudas, más allá de posibles errores materiales o humanos".

Ha lamentado "la persecución destructiva practicada por el Partido Popular con el único afán de obtener tajada electoral y a costa de perder jirones de credibilidad en la comarca de Els Ports y en Morella".

La firma ha resaltado que en las diligencias previas abiertas desde 2019 "ya se han demostrado falsas todas las acusaciones que hizo este partido, como el fraude en subvenciones, la malversación, la prevaricación, el tráfico de influencias y contra la hacienda pública".

Asimismo, ha asegurado que las que han surgido ahora tras el escrito de alegaciones presentado por la Fiscalía al mencionado informe de la Guardia Civil "se desmontarán también".

Comunicacions dels Ports señala que, tal como se explica en su escrito de alegaciones presentado al juez y que estaba a disposición de todas las partes, la imposibilidad de compensar determinados gastos con otros medios de comunicación se fijó en casación por el Tribunal Supremo años después a los gastos concretos analizados.

Por tanto, ha añadido, "en esos años era perfectamente legal y, en todo caso, de ningún modo podría justificarse una acusación de falsedad alguna teniendo en cuenta las discrepancias existentes".

La empresa se ha mostrado convencida de que, una vez se analicen estas alegaciones, "quedará perfectamente aclarado este y otros extremos".

Además, ha recordado que su filial Mas Mut Produccions, encargada de los contenidos en web, acaba de cumplir veinte años desde su creación, por lo que "no puede ser una entidad instrumental y ficticia para unas ayudas reguladas muchos años después, en 2015 y aún en la etapa del PP en el Consell".

Ha destacado también la diferenciación entre la sede de una empresa y los diferentes centros de trabajo que ésta puede tener y que pueden ubicarse en cualquier provincia, y ha afirmado que todas las sedes de las firmas del grupo que a lo largo de estos años han podido cambiar han estado dadas de alta y registradas como tales, "sin que el hecho de que se trate, en algún caso, de una vivienda particular constituya anomalía alguna".

La empresa ha añadido que la Intervención de la Generalitat de Cataluña "dejó claro que no veía irregularidad alguna y que no consideraba que se le hubiera causado perjuicio alguno".

Comunicacions dels Ports ha asegurado que va a seguir desempeñando su labor comunicativa en la comarca castellonense, tanto en televisión como en radio, prensa escrita y digital.