VALÈNCIA (EP). La Comunitat Valenciana acoge a 473 menores extranjeros no acompañados a fecha de 31 de diciembre 2020, según ha informado la Fiscalía en su Memoria Anual de 2020, recogida por Europa Press.
En total, 3.307 menores extranjeros no acompañados llegaron de forma irregular a España en 2020 por vía marítima en pateras u
otras embarcaciones frágiles, lo que supone un 15,1% más que en 2019.
En el informe, se señala que, "muy mayoritariamente", un 97,6%, estos menores son de género masculino (3.228) y también es mayoritario (un 42,1%) el número de niños que procede de Marruecos (1.393); seguidos de aquellos que llegan desde Malí (577), Argelia (549), Senegal (438), República de Guinea (118), y Gambia (109).
El órgano que dirige Dolores Delgado destaca en el informe que, al igual que otros años, no se dispone de datos cuantitativos sobre los menores que se han introducido en España a través de Ceuta y Melilla, superando la frontera de Algeciras ocultos en vehículo de motor o que entraron por vía aérea.
La Fiscalía sí recoge en su informe que se ha contabilizado la llegada de 550 menores, en 2020, acompañados de adultos que afirmaban tener vínculo paterno-materno filial con el niño sin acreditarlo de manera fehaciente. Esta cifra, indica el texto, supone un leve incremento del 7,4% respecto de los 509 niños que entraron por esta vía en el 2019.
También en este caso son, en su mayoría, de género masculino (un 59,2%) y su procedencia es, principalmente, de Argelia (236), Costa de Marfil (136), Marruecos (89) y República de Guinea (52).
Del mismo modo, por el Cuerpo Nacional de Policía se ha informado de la realización de un total de 605 pruebas de ADN para establecer el vínculo de filiación de menores acompañados de adultos que manifestaban ser los progenitores sin pruebas fehaciente de ello.
De ellos 571 dieron un resultado positivo, confirmando el vínculo de filiación, 25 negativo y 9 están pendientes de resultado o de realización de nuevas pruebas. La Fiscalía destaca que en 4 casos no pudieron realizarse porque la persona adulta abandonó el centro con el niño.
Según el informe, el mayor problema del que dan cuenta las fiscalías territoriales en este sentido es la separación del niño del adulto mientras se realizan las pruebas de ADN hasta que se conoce que el resultado es positivo.
En este sentido, la Fiscalía de Málaga ha señalado que la separación automática del bebé de quien afirma sin justificarlo ser la madre mientras se dilucida el resultado de las pruebas de ADN, no sólo supone un importante quebranto moral para esta última, sino que también desborda las posibilidades materiales asistenciales del servicio de protección.
En consecuencia, explica, se ha adoptado un criterio más flexible, existiendo una evaluación conjunta de Fiscalía, responsables policiales, profesionales médicos y ONG antes de decidir dicha separación.
A la Fiscalía no le parece desdeñable la argumentación de la Fiscalía de Granada, cuando esta afirma que los vínculos afectivos entre el menor y el adulto pueden no estar basados en un vínculo biológico y sin embargo ser tanto o más fuertes que el propio vínculo, por la relación que se ha establecido entre ambos y teniendo en cuenta además las singulares costumbres de las personas en extranjeras que acceden a territorio español.
Así, indica que, en muchas ocasiones el adulto que acompaña al menor ha fallecido durante el proceso migratorio, haciéndose cargo el adulto que se localiza posteriormente o bien, es la propia madre la que entrega al hijo a un familiar o amiga de confianza en el deseo de ofrecerle al menor una vida mejor.
Por otra parte, la Fiscalía destaca que en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a fecha de 31 de diciembre 2020, figuraban inscritos un total de 9.030 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección.
Al respecto, destaca el "importante descenso" del 34,2% respecto de los 12.417 inscritos en el año 2019. En este caso, es Andalucía la comunidad autónoma que más menores acoge (2.507), seguida de Canarias (1.849), Cataluña (1.168), la ciudad autónoma de Melilla (798), la ciudad autónoma de Ceuta (496) y la Comunitat Valenciana (473).
El País Vasco (471), la Comunidad de Madrid (356), Murcia (205), Navarra (151), Aragón (126), Baleares (86), Castilla la Mancha (75), Galicia (71), Cantabria (58), Castilla y León (49), Asturias (45), Extremadura (35) y La Rioja (11).
Finalmente, la Fiscalía señala las consecuencias que la pandemia han tenido sobre la reseña y grabación de los menores en el Registro, debido a que los funcionarios fueron llamados a realizar otras labores prioritarias de atención humanitaria.