VALÈNCIA. Una concentración celebrada este viernes ante el Palau de la Generalitat en València ha cargado contra el cobro por parte del Consell de tasas portuarias a los barcos de rescate de migrantes como el 'Aita Mari', una "imposición" que consideran "ilegal" porque las embarcaciones de ayuda humanitaria de las ONG, "legalmente constituidas y sin ánimo de lucro", están "exentas" de ese pago.
"Imponer las tasas a los barcos de rescate, como ha dictaminado recientemente la Generalitat Valenciana, es poner obstáculos para salvar vidas en el Mediterráneo y, por tanto, supone un retroceso en la defensa de los derechos humanos", señalan en el manifiesto leído en la concentración.
La protesta, convocada por Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), ha criticado la liquidación de tasas con efecto retroactivo del Consell --con las que, por ejemplo, reclama 63.300 euros al 'Aita Mari'-- y ha defendido que, durante los años en los que ha operado con este barco y con los anteriores, el número total de personas asistidas en el Mediterráneo ronda los 2.000. Y advierte que, sin su actuación, la cifra de víctimas mortales de la "necropolítica europea" sería "aún mucho mayor, de más de 4.000 personas en 2023".
El coordinador de Salvamento Marítimo Humanitario, Íñigo Mijangos, ha augurado, en declaraciones a los medios, que los tribunales les "darán la razón", pero mientras tanto "tenemos que pagar las tasas". La ONG sostiene que, con la salida de Vox de los gobiernos autonómicos como el de la Comunitat Valenciana, puede haber un "cambio de criterio" porque una de las "viejas aspiraciones" de la formación era "expulsarnos" de los puertos de la Generalitat.
En esta línea, ha avanzado que el próximo lunes se reunirá con el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos del Consell, Marc García, que espera que les explique las razones de ese cobro, que para ellos es un gasto "inesperado" y un "quebranto importante" en sus cuentas. De hecho, ha explicado que ya se ha pagado una parte de las tasas y sobre la otra ha solicitado un aplazamiento. "Estamos pendientes de respuesta pero el proceso de cobro ejecutivo sigue adelante", ha apuntado.
A preguntas de los medios de comunicación sobre si se ha pensado en dejar de operar en la Comunitat Valenciana, Mijangos ha declarado que "no lo sabemos" ante esta "inseguridad jurídica" en este momento. "Igual ahora nos cobran unas tasas y dentro de un año nos dicen que estas no, que son estas otras. No sabemos", ha lamentado.
La organización ha asegurado que, durante los años en los que ha operado con el barco 'Aita Mari' y con los anteriores, el número total de personas asistidas ronda los 2.000. Además, según Mijangos, la función de SMH es "prestar ayuda humanitaria" a las personas en las rutas marinas. "También de forma transversal porque esto es un altavoz que nos permite levantar testimonio de la realidad que se está produciendo en las fronteras exteriores europeas y llevarlo a las instituciones", ha recalcado.
Por otra parte, Anna Agustí, de L'Aurora Grup de Suport, ha hecho hincapié en el impacto económico que se genera alrededor del barco 'Aita Mari' en el Puerto de Burriana (Castellón). "Restaurantes, estancos, bares y ferreterías tienen mucha ayuda del barco porque se compra todo allí, incluso los alojamientos también porque hay muchos pisos alojados ya no pueden estar siempre en el barco", ha aseverado.
"Ha generado toda una economía alrededor de nuestros pueblos, a todos los niveles, de proveedores de todo tipo. Cada barco que sale de aquí sale con toneladas de cosas, de comida y de muchísimo equipamiento", ha remarcado Agustí.
En el manifiesto recalcan que la exención de tasas a la ayuda humanitaria es "una practica común y se recomienda incluso en las resoluciones de las Naciones Unidas". "La función de la flota civil es prestar asistencia humanitaria en las rutas migratorias en el Mediterráneo. Sin nuestra presencia, la cifra de víctimas mortales de la necropolítica europea seria todavía mayor, más de 4.000 personas en 2023. No habría nadie para denunciar la violación de derechos humanos que sufren sistemáticamente mujeres, niños y chicas menores de edad cada día en las fronteras europeas", sostienen.
En el escrito critican que desde la Generalitat se han realizado afirmaciones "que no se ajustan a la verdad"; han lamentado que solo han recibido una comunicación "tardía y poco clara" de sus intenciones y han cuestionado a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, que "nos acusa en su discurso racista y xenófobo de colaborar con las mafias de tráfico de personas".
En la concentración han participado representantes de Compromís como el síndic, Joan Baldoví, o la diputada Isaura Navarro, que han exigido una "rectificación" a la Generalitat. "Exigimos que los barcos de rescate puedan continuar atracando en el Puerto de Burriana, donde han sido acogidos por grupos de apoyo locales que colaboran en las tareas de emergencia", ha apuntado.
"Esta tasa, impuesta por el Consell de Mazón de manera retroactiva, supone un ataque frontal contra las organizaciones que dedican sus esfuerzos a salvar vidas en el Mediterráneo", ha lamentado el también diputado de la coalición en Les Corts Vicent Granel.