Los condenados por la mayor trama de corrupción valenciana, ya en la cárcel

VALÈNCIA. Los condenados por Emarsa, considerado como el mayor caso de corrupción de la Comunitat Valenciana por la cantidad de dinero público desviado -23,5 millones de euros- ha llegado a su fin, al menos en lo referente a la investigación principal. Los once condenados por el expolio de la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo ya se encuentran en prisión, según confirman fuentes judiciales. 

Se trata, concretamente, de Enrique Crespo, Esteban Cuesta, José Juan Morenilla, Ignacio Bernàcer, Enrique Arnal, Sebastián García Martínez, Jorge Ignacio Roca Samper, Vicente Ros, Enrique Sena, Juan Carlos Gimeno y Rafael Quiles. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia fijó hasta este lunes hasta las 12 de la noche la fecha límite para que escogieran centro penitenciario e ingresaran voluntariamente, algo que todos ellos han cumplido (y muchos apurado). 

Varios han elegido la cárcel de Picassent, como el exvicepresidente de la Diputación de València, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo. Otros se han decantado por Teruel o Murcia. 

Las penas establecidas por la Audiencia de Valencia y posteriormente ratificadas por el Tribunal Supremo se situaban entre los 12 años -como es el caso de Esteban Cuesta, exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa)- y los 9 meses de prisión. 

Los acusados fueron así condenados por los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad. En la sentencia se concluía que crearon un sistema para "adueñarse de los caudales públicos de los que disponían por los cargos que ocupaban". El cual consistió en suscribir contratos simulados con distintos proveedores con los que mantenían una relación de amistad o afinidad política. "En ocasiones, previa a la firma de este contrato, los acusados confeccionaron expedientes de contratación, igualmente mendaces, aparentando como si hubiesen dado publicidad al servicio ofertado y permitido la concurrencia de otros empresarios", explicó la Audiencia. Con otros proveedores, los acusados "se limitaron a permitir la emisión de facturas a Emarsa, logrando el cobro de las mismas sin que dichos empresarios realizasen ninguna actividad para la empresa pública".