VALÈNCIA/MADRID (VP/EFE). El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid ha condenado al Partido Popular a abonar 568.511 euros a Feria Valencia por la cesión del recinto ferial para la celebración los días 20, 21 y 22 de junio de 2008 del Congreso Nacional en el que fue reelegido Mariano Rajoy.
En la sentencia, dada a conocer este lunes, se considera acreditado que ambas partes alcanzaron un "contrato verbal" para el alquiler del espacio y determinados suministros, sin que fuera necesario uno escrito, que estableció las condiciones del acuerdo, conforme al artículo 1262 del Código Civil, en relación tanto al espacio objeto de ocupación como a cada uno de los servicios accesorios que fueron añadiéndose al presupuesto inicial.
En el juicio, el PP argumentaba que no existía contrato y que el coste del espacio y de los suministros quedaba compensado por la publicidad que obtenía a cambio Feria Valencia, pero la juez da la razón a esta institución, estima íntegramente la demanda y sentencia que el PP debe pagar 568.511 euros por la organización del Congreso.
La magistrada rechaza en su sentencia la supuesta gratuidad del servicio porque el hecho de que se quisiera compensar con la "publicidad indirecta" para el recinto y la ciudad confirma que se trata de un contrato oneroso. También descarta la posible prescripción de los hechos que pedía el PP porque desde septiembre de 2008, cuando Feria Valencia reclamó por primera vez la deuda por email, se han dado varias interrupciones del plazo.
En la relación de hechos acreditados, la jueza relata que tras la realización del congreso sin incidencias se confeccionó una factura por importe de 490.096 euros –7.232,68 euros más que el presupuesto inicial–, que con el 16% de IVA ascendía a 568.511,94 euros, que fue remitida al Partido Popular de Madrid, "momento partir del cual comenzaron las discrepancias acerca de si esa factura debía ser abonada por el Partido Popular de Valencia o el Partido Popular de Madrid llegando Don Alberto Catalá a tener que comunicar este problema doña Rita Barbera, que se ofreció a intentar mediar en el tema, sin conseguirlo".
Además del espacio ocupado, la magistrada considera acreditado que se efectuaron consumos de electricidad, teléfono, agua, se prestó servicio de seguridad y servicio médico, entre otros, "conforme a lo solicitado por el señor Cristóbal Páez (exgerente del PP)". "En ningún momento se habló de gratuidad en la cesión del espacio o los servicios, ni tampoco de que la contraprestación por los mismos consistiera en dar publicidad al recinto ferial o a la ciudad de Valencia, habiendo quedado siempre claro que el precio se establecería conforme a las tarifas oficiales de Feria de Valencia", subraya.
