VALÈNCIA. (EFE). Una singular decisión del Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia ha permitido quitar las telarañas a una antigua empresa de confección de Carcaixent que se encontraba desde hace meses en fase de liquidación, para que retome la actividad de confección de mascarillas y batas de protección de forma totalmente altruista, con la colaboración de voluntarios y donaciones económicas.
Muchos años antes de la llegada del coronavirus otras pandemias, también procedentes de Asia, asolaron buena parte de textil valenciano condenando a cientos de empresas tradicionales, muchas de ellas negocios de familia, a un lento declive y el cierre final.
A las afueras de Carcaixent, entre el campo de fútbol municipal y el Barranc Ample, tres naves industriales de ladrillo caravista son una muestra más de esta plaga. En su interior, maquinaria de tejer ya obsoleta evoca un pasado feliz e inspirador dedicado a la moda infantil, diseños coloridos y catálogos en constante renovación.
"El mecánico que ha revisado toda la maquinaria no nos ha cobrado nada", explica ilusionado y agradecido el administrador concursal Luis Sabatés (del despacho valenciano Legal Notes).
El pasado 27 de marzo, él y la antigua propietaria de Confecciones Sulfy, María José Brines, solicitaron al juez la autorización para reanudar la confección y poder fabricar mascarillas, y al día siguiente el juez Eduardo Pastor la concedía.
En su auto, que es donde hablan los jueces, este magistrado puso cuatro condiciones: que quienes acudan a trabajar lo hagan en calidad de voluntarios por su cuenta y riesgo -declaración responsable mediante-, que el material que se fabrique sea solo para el propósito sanitario, que no se generen costes ni se deterioren los activos y que se contrate un seguro de responsabilidad civil.
"A nosotros se nos ocurrió la idea, es cierto, pero sin la colaboración del juez, las voluntarias de Carcaixent y Alzira que vienen a trabajar de forma desinteresada y las aportaciones económicas de varios colaboradores no podríamos haber puesto esto en marcha", explica Sabatés en declaraciones a EFE.
La empresa se encontraba en fase de liquidación y sus administradores estudiaban ya ofertas para la venta de sus activos, pero "la maquinaria seguía dentro y decidimos proponerle al juez la idea".
Los primeros beneficiarios de las cerca de 3.000 mascarillas semanales que han salido de las máquinas de coser de esta empresa han sido los abogados valencianos del turno de oficio y personal de los juzgados, y próximamente el personal y residentes de un centro de mayores.
"Esto es totalmente altruista y la dura realidad es que Confecciones Sulfy está condenada a la liquidación sí o sí, ya se hizo un análisis previo para buscar su viabilidad, porque los administradores hemos de tener esa labor social, pero en este caso no fue posible", añade.
Para la exgerente de la empresa, María José Brines, la iniciativa resulta más emotiva si cabe, porque supone la vuelta a un espacio al que ha dedicado muchos años.
"He estado 3 días sin dormir pensando en cómo ponerlo todo listo para empezar. Es muy reconfortante ayudar en todo lo que podemos y cuando el administrador concursal me propuso la idea me gustó muchísimo. Esto es una batalla de todos y entre todos lo tenemos que hacer. Cada uno tenemos que aportar todo lo que podamos".
"Es una sensación agridulce volver a la fábrica, es cierto, pero todo lo que había que llorar por ella ya estaba llorado. Ahora trabajamos con ilusión porque estamos ayudando a mucha gente. Es un nuevo proyecto".
Para la antigua propietaria, quizá esto sea sólo un punto y aparte. "Ya veremos hacia dónde conduce todo esto, igual descubrimos que sabemos hacer muy bien las mascarillas"-bromea-. "Quizá surja alguna idea, algún proyecto, no hay que cerrar ninguna puerta", reflexiona esta empresaria.
Patricia Sabater es una de las voluntarias en el proyecto: "Soy administrativa en una empresa y ahora mismo por la paralización no estoy trabajando. He pensado que no puedo ayudar en lo sanitario porque no soy médico ni enfermera. Sé coser porque lo aprendí de joven y lo pongo a disposición de la sociedad para salir de este infierno".
Mientras, en la calle Carlos Gomis, 8, de Carcaixent, se han vuelto a ver coches aparcados y se escucha de nuevo el sonido de otra época, atenuado porque es sólo una ilusión, una esperanza.
Declara inconstitucional tanto esa prórroga como el nombramiento de autoridades competentes delegadas