Foto: CARLOS LUJÁN/EPVALÈNCIA (EP). El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves y enviado al Senado la reforma de la Ley del sector ferroviario, que otorgará a Adif la fijación de los cánones en este sector, con los votos del PSOE, Unidas Podemos, el PP y Ciudadanos.
También han respaldado el proyecto el PDeCAT, Teruel Existe, el PRC y Foro Asturias, mientras que se han abstenido Vox, el PNV, EH-Bildu, la CUP, Coalición Canaria y el BNG. Esquerra Republicana y Junts han votado en contra.
La diputada del PSOE María Montserrat García ha celebrado cómo la reforma mejora la adaptación al proceso de liberalización ferroviario, hacia un espacio ferroviario único europeo y flexibiliza la fijación de cánones para permitir "respuestas ágiles" para atender "necesidades sobrevenidas sin esperar a los Presupuestos".
Andrés Lorite, del PP, ha celebrado que el canon pase a ser ahora una prestación patrimonial pública no tributaria, "controlada" por los reguladores, y también los acuerdos con el PSOE para evitar que la ley saliera adelante con "concesiones" a grupos nacionalistas.
El PNV ha cargado por ello contra "una derecha cada día más rancia e intolerante" por "jactarse" de "parar ensoñaciones nacionalistas", cuando, a juicio de su diputado Iñigo Barandiaran, la norma no respeta el reparto competencial, ya que deberían ser las autoridades locales las que puedan definir las obligaciones de servicio público, como la frecuencia o su calidad.
ERC ha justificado su rechazo en "el bloqueo crónico al traspaso de la red de Rodalíes a la Generalitat", preguntándose de qué sirve la gratuidad del servicio aprobada si averías como las de la semana pasada dejan sin tren toda la red catalana por la mañana, una situación "crónica con retrasos, averías e incidencias a diario".
Cs, a través de Juan Ignacio López-Bas, ha defendido que la propuesta consolida y mejora la adaptación de la regulación ferroviaria al proceso de liberación, con la consecuente mayor competencia, mientras que Rafa Mayoral (Unidas Podemos) ha criticado que esa competencia provoque la ruptura de los acuerdos de cooperación entre empresas públicas, únicas capaces de competir en este sector.
Recordando que la liberalización del transporte de mercancías buscaba pasar de un 9% al 20% del total y ha acabado dejándolo en un 4%, ha criticado que la forma de competir de los nuevos competidores sea a través de rebajas salariales, y por ello ha lamentado la oposición de PSOE y PP a aceptar una enmienda que impulse un convenio sectorial.
Sí ha celebrado la enmienda para garantizar el mantenimiento y mejora de infraestructuras existentes, al igual que Néstor Rego (BNG) ha hecho lo propio con el compromiso legal para impulsar un organismo independiente de investigación de accidentes, en línea con las recomendaciones de la Agencia Ferroviaria Europea tras el accidente de Angrois en 2013.
Otra de las enmiendas aprobadas en la tramitación parlamentaria permitirá la revisión de hasta un 20% del precio de licitación de los contratos de suministros de material ferroviario rodante y componentes de fabricación y mantenimiento para cubrir el encarecimiento de materias primas.
Esta revisión se extenderá a todo contrato con cualquier entidad del sector público en ejecución, licitación, adjudicación o formalización cuando entre en vigor la ley y cualquier contrato que se publique en la plataforma de contratación del sector público durante un plazo de un año a partir de la entrada en vigor, y se hará atendiendo al aumento de costes de las materias primas recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con la nueva ley, los cánones dejarán de ser fijados en Presupuestos, y pasarán a fijarse por Adif y para ello también se refuerza la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al añadirle una nueva función, según la cual deberá velar por que sus cánones cumplan el derecho comunitario y el citado principio de no discriminación.
Precisamente, otros de los cambios pactados en la norma pasan por aumentar las sanciones ante incumplimientos de resoluciones y requerimientos de información de la CNMC (hasta 300.000 euros y 100.000 euros, respectivamente), si bien no entrarán en vigor hasta que la competencia para fijar los citados cánones recaiga en Adif.
