Foto: A. ORTEGA/EPVALÈNCIA (EP). El Pleno del Congreso ha convalidado el decreto ley para limitar el precio de la generación de electricidad a través de gas natural con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV y EH-Bildu. El PP y Vox se han abstenido y únicamente han votado en contra Foro Asturias y Nueva Canarias.
La convalidación del decreto ley en el Congreso tiene lugar un día después de la autorización de la Comisión Europea, último trámite al que el Gobierno había supeditado su puesta en marcha, ya que este mismo jueves ha publicado la orden ministerial para empezar a aplicarlo.
La previsión del Gobierno es que la primera subasta con tope sea la del próximo martes 14 de junio, por lo que el primer día de rebaja en el precio se espera para el día siguiente.
Durante el debate parlamentario del decreto, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha celebrado este mecanismo como "un cortafuegos" ante el encarecimiento del gas natural y un tope "sin precedentes" para evitar que la crisis energética acabe recayendo únicamente en los consumidores.
Asimismo, ha celebrado que, junto a la autorización para este mecanismo, la Comisión Europea a través de su propia presidenta, Ursula von der Leyen, reclame "por fin" la reforma del diseño del mercado eléctrico.
Pese a que finalmente se han abstenido, tanto PP como Vox han cargado duramente contra el mecanismo de limitación de precios. "La excepción ibérica no es un triunfo, es la manifestación inequívoca de un fracaso en política energética", ha replicado el responsable de Energía del PP, Guillermo Mariscal, que considera el tope "una intervención radical del mercado". Asimismo, ha advertido de un coste en compensaciones a las instalaciones con precio topado de 6.300 millones al coste actual del gas, y a 1.500 millones adicionales por cada aumento de 10 euros. "Ese es el resultado de su brillante negociación", ha dicho.
Para Vox, el mecanismo para limitar el precio en estas centrales no deja de ser "un juego de trileros", "un timo", "un espejismo", ha dicho su portavoz de Transición Ecológica, Mireia Borrás, poniendo en duda si, al final, no acabará provocando incluso un aumento en la factura: "Veremos en qué queda".
Su homólogo en el PSOE, Germán Renau, ha replicado a ambas bancadas señalando que su rechazo sólo se puede explicar en que "sus verdaderos deseos es que a España le vaya mal". "Eso no es que les haga malos políticos, les hace malas personas", ha dicho.
"Sí se puede. Se pueden conseguir avances aunque nos digan que es imposible o Bruselas lo impide", ha celebrado Juantxo López de Uralde (Unidas Podemos), que ha agradecido tanto a Ribera como al presidente Pedro Sánchez su "esfuerzo" para lograr este tope, una reforma temporal que, en todo caso, cree que "se tiene que consolidar e ir más allá".
Varias formaciones, como el PNV, Bildu o el PDeCAT, han felicitado al Gobierno, pues aun lamentando la insuficiencia de la medida han reconocido la dificultad para alcanzarla: "Veremos los resultados pero, visto en perspectiva no era fácil", ha dicho por el PDeCAT su portavoz, Ferrán Bel.
"Es un paso, pero un gran paso que hasta ahora nadie se había atrevido a dar", ha apuntado Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, que ha destacado cómo, desde que se anunció la medida, los mercados de futuros del gas se han estabilizado por debajo de la mitad de los de otros países.
Oskar Matute, de Bildu, ha pedido al Gobierno una detallada campaña informativa para aclarar cómo funciona el ajuste y cómo le afecta, para ser conscientes del alcance real de la rebaja, mientras que Mireia Vehí, de la CUP, ha criticado la compensación a instalaciones generadoras de gas con la sobrerretribución lograda estos meses: "No tiene ningún sentido, ha dicho.
Esgrimiendo que su apoyo únicamente se sustentaba en el visto bueno de Bruselas, la diputada de Cs Mari Carmen Martínez Granados ha apuntado que la rebaja prevista en la factura se queda "en la mitad de lo que el Gobierno prometió". Asimismo, ha destacado que, aunque el Gobierno lo niegue, existe un riesgo de que los consumidores franceses se beneficien del tope que subvencionan los españoles, ya que el Ejecutivo intentó limitar las ventas al país vecino en su negociación con la Comisión.
La denominada 'excepción ibérica', permitirá desacoplar temporalmente los precios del gas y la electricidad en la Península Ibérica, que se beneficiará así de una excepción, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de marzo. De esta forma, se fija un precio medio de 48,75 euros por megavatio/hora (MWh) durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, período en el que los precios de la energía son más caros.
Inicialmente, el precio de referencia del gas se fijará en 40 euros/MWh durante los primeros seis meses, incrementándose en 5 euros/MWh al mes a partir de entonces, terminando en 70 euros/MWh para que haya una convergencia a la normalidad, frente al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros/MWh -como en el caso del TTF holandés, de referencia en Europa-.
El tope supone una excepcionalidad en el funcionamiento del mercado marginalista, ya que permitirá retribuir a precio de gas únicamente la electricidad generada en las centrales de gas, y no pagar este sobrecoste al resto de centrales de generación.
El Gobierno estima que, al aplicar este mecanismo de ajuste, el precio medio de casación será de unos 126,54 euros/MWh, pero la compensación posterior a las centrales dejará un precio medio a asumir por los consumidores de 166 euros/MWh.
Estos cálculos, expuestos por el Gobierno en la memoria de impacto que acompaña al decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, afloran una rebaja media del 15,3% para un consumidor doméstico, y entre el 18% y el 20% de rebaja para un consumidor industrial.
