Foto: GABRIEL LUENGAS/EPVALÈNCIA (EP). El Congreso empezará en noviembre a pronunciarse sobre la compatibilidad de las actividades privadas de los diputados y lo hará más de tres meses después de que fueran elegidos en los comicios legislativos del pasado 23 de julio.
La Comisión del Estatuto del Diputado, que se encarga de autorizar o no estas actividades extraparlamentarias, se ha constituido este miércoles, pero no prevé reunirse, como pronto, hasta la primera semana de noviembre.
Según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, se ha tomado esta decisión puesto que el martes de la semana que viene el Congreso acogerá el acto de jura de la Constitución de la Princesa de Asturias y el miércoles, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es festivo nacional.
La Comisión del Estatuto del Diputado, que también tiene entre sus tareas la tramitación de los suplicatorios que remite el Supremo cuando quiere investigar a algún parlamentario, ha quedado constituida este miércoles bajo la presidencia del 'popular' Manuel Cobo.
Y justo después se ha constituido también la Comisión de Peticiones, cuya labor es garantizar el cumplimiento del derecho que asiste a la ciudadanía de plantear sus demandas en la Cámara. En este caso la Presidencia ha recaído en Carlos Aragonés, también del PP.
Se trata de las dos primeras comisiones que empiezan a trabajar en el Congreso en esta XV Legislatura. La constitución de ambas, así como la de Reglamento, competen exclusivamente a la Cámara y no dependen de la estructura del Gobierno, pero mientras la composición de las dos primeras está tasada reglamentariamente no sucede lo mismo con la de Reglamento. En su caso, como en el resto de comisiones, la constitución tendrá que esperar hasta que los grupos parlamentarios acuerden con cuántos miembros contará cada uno en estos órganos.
Tanto la Comisión del Estatuto del Diputado como la de Peticiones las preside el grupo mayoritario, el segundo ocupa la Vicepresidencia, el tercero la Secretaría y luego hay un miembro por cada uno de los demás grupos.
Para presidir la encargada de tramitar suplicatorios y supervisar la compatibilidad de las actividades que los diputados llevan a cabo al margen de la institución, el PP ha elegido a su diputado Manuel Cobo, quien fuera 'mano derecha' de Alberto Ruiz Gallardón como consejero de Presidencia en la Comunidad de Madrid y después vicealcalde de la capital y que es uno de los miembros más acaudalados de la Cámara.
La Vicepresidencia de la Comisión del Estatuto del Diputado ha recaído en la diputada extremeña del PSOE Isabel García López, y la Secretaría la ejercerá José María Sánchez, de Vox. Ya como portavoces figuran Txema Guijarro (Sumar), Pilar Vallugera (ERC), Marta Madrenas (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Cristina Valido (Coalición Canaria).
Durante esta legislatura también corresponde al PP la Presidencia de la Comisión de Peticiones. La Mesa de este órgano también está ocupada por los tres principales partidos de la Cámara y, para presidirla el partido de Alberto Núñez Feijóo ha designado a Carlos Aragonés.
El que fuera jefe de Gabinete del expresidente del Gobierno José María Aznar en Moncloa ya ha ocupado varias presidencias de comisión a lo largo de su trayectoria parlamentaria. Entre 2012 y 2016 estuvo al frente de la de Cooperación Internacional, y en la pasada legislatura presidió la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional.
La Vicepresidencia de la Comisión de Peticiones le ha correspondido a la socialista onubense María Luisa Faneca, mientras que la Secretaría la ocupa Juan José Aizcorbe, de Vox. Como portavoces actuarán Nahuel González (Sumar), Montserrat Bassa (ERC), Isidre Gavín (Junts), Iñaki Ruiz de Pinedo (Bildu) y Néstor Rego (BNG).
El cargo de presidente de comisión conlleva un complemento por gastos de representación de 1.590,37 euros al mes, que se suma a la asignación constitucional que perciben todos los diputados y que ahora se sitúa en 3.126,89 euros mensuales y a la indemnización para cubrir los gastos que les genera su actividad parlamentaria.
De su lado, a los vicepresidentes y portavoces de comisión les corresponde un plus de 1.162,76 euros al mes en concepto de gastos de representación, y a los secretarios y portavoces adjuntos otro de 775,18 euros.
