VALÈNCIA (EP). El Gobierno ha aprobado en el Real Decreto-ley que reforma el subsidio por desempleo la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales que Pedro Sánchez prometió al PNV en el acuerdo de investidura con esta formación, según ha confirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La prevalencia de los convenios autonómicos se acordó en el pacto de investidura del PNV y el PSOE de diciembre de 2023 y estuvo en vigor hasta que el 10 de enero decayó la primera reforma del subsidio por desempleo que la incluía, al no poder ser convalidado en el Congreso por los votos en contra de Podemos, PP, Vox y UPN.
La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales estará condicionada a que su aplicación resulte más favorable para los trabajadores que la fijada en los convenios o acuerdos estatales y a que obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora.
La misma prioridad aplicativa tendrán los convenios colectivos provinciales cuando así se prevea en los acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico y siempre que su regulación resulte más favorable para los trabajadores que la establecida en los convenios estatales.
No obstante, se considerarán materias no negociables en ambos ámbitos, el autonómico y el provincial, el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.
La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales fue una medida que se excluyó de la reforma laboral de 2021, pero quedó incluida en el acuerdo que los nacionalistas alcanzaron con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
Díaz ha subrayado que no es algo novedoso que se haya incluido la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectores en la reforma del subsidio porque ya figuraba como tal en la reforma que tumbó el Congreso.
Asimismo, ha defendido que la prevalencia de los convenios de carácter autonómico estaba contemplada en la legislación laboral desde el año 94, y ha señalado que "el espíritu" de la modificación realizada es el de la reforma laboral, pues sólo se va a aplicar el convenio colectivo de carácter autonómico o de la naturaleza que fuere, "siempre que sus formulaciones sean más favorables para el trabajador".
En su día, cuando se aprobó en la primera reforma del subsidio por desempleo, la que tumbó el Congreso, CCOO, UGT y las organizaciones empresariales expresaron su rechazo a esta medida.
Las patronales lanzaron un duro comunicado advirtiendo de que, en la práctica, esta medida "atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional" y va en dirección contraria a los esfuerzos que, a nivel europeo, se están desarrollando para reforzar la unidad de mercado como elemento fundamental de competitividad.
"La materialización de este acuerdo político supondrá un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española", avisaban CEOE y Cepyme, que afirmaban que se acordó no incluir este cambio normativo en la última reforma laboral pactada con el Gobierno en el diálogo social e incluida como hito necesario para la recepción de fondos europeos.
"Por tanto, el Gobierno, una vez cumplido el mandato de la UE de contar con una reforma laboral pactada con los sindicatos y las organizaciones empresariales, se ha saltado de forma radical los acuerdos alcanzados en el diálogo social. Esto demuestra una falta de lealtad y confianza imprescindible para el diálogo social", alegaron entonces las patronales.
Por su parte, a CCOO y UGT tampoco les gusta esta medida comprometida al PNV y que, en un principio, cuando se aprobó en la primera reforma del subsidio, se incluyó por sorpresa en el texto del decreto.
Tanto UGT como CCOO señalaron en su momento que la estructura de la negociación colectiva tiene que abordarse en el marco del diálogo social y se trata de una modificación que no se tuvo en cuenta en el perímetro de la reforma laboral.