VALÈNCIA (EP). El Consell ha aprobado el cese voluntario de José E. Capilla como rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), una vez que el Consejo de Gobierno de la institución académica ha convocado elecciones para el próximo 12 de febrero de 2025.
El cese por dimisión por decisión propia está contemplado en el Decreto 122/2024, de 24 de septiembre, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos de la Universitat Politècnica de València, explica la administración autonómica en un comunicado.
Este decreto establece en su artículo 64.6 que "el cese ordinario del rector o rectora se producirá por el cumplimiento del periodo para el que fue elegido o elegida, o por dimisión producida por decisión propia. En ambos casos, continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo rector o rectora".
Así pues, José Capilla permanecerá en funciones en el ejercicio de su cargo hasta que se produzca el nombramiento del nuevo rector o rectora por decreto del Consell, una vez finalizado el proceso electoral en la universidad.
La Universitat Politècnica de València (UPV) informó recientemente de la modificación de las fechas electorales previstas y fijó el 12 de febrero de 2025 la elección a rector o rectora, en primera vuelta. La campaña electoral arrancará el 3 de febrero. La segunda vuelta, en caso de ser necesaria, será el 19 de febrero.
Tras la dana que ha arrasado parte de la provincia de Valencia, el Consejo de Gobierno de la universidad acordó en la sesión extraordinaria del 7 de noviembre la suspensión de los procesos electorales convocados y pendientes de ejecutarse (doce en total), así como la modificación de sus calendarios.
Entre ellos, el más destacado es el que afecta a la elección de rector o rectora de la institución. Esta votación tendrá lugar el 12 de febrero de 2025, en primera vuelta, y el 19 del mismo mes, en segunda. Coincidirán, además, con las elecciones de varias direcciones de estructuras.
Estas últimas modificaciones se deben a los efectos causados por la dana del 29 de octubre, que obligan a las administraciones públicas a alterar su funcionamiento ordinario y a concentrar sus esfuerzos en la priorización de decisiones relativas a la gestión de las consecuencias de la catástrofe. Además, la resolución destaca que los procesos electorales tienen como objetivo fundamental garantizar la participación de toda la comunidad universitaria.