El Consell aprueba un convenio con FVMP para delegar en ayuntamientos la resolución de sanciones en viviendas turísticas

VALÈNCIA (EP). El Consell ha aprobado un convenio marco de colaboración entre la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para la delegación en los ayuntamientos del ejercicio de las competencias para la resolución de procedimientos sancionadores en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en su ámbito territorial.

El objetivo de este acuerdo es articular un marco de cooperación entre la Generalitat y la FVMP al que podrán adherirse los ayuntamientos con cuerpo de Policía Local que deseen asumir el ejercicio de la competencia para la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en su término municipal, así como para la revisión administrativa de los actos administrativos que se deriven, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

A través de este acuerdo, se permite articular el procedimiento para que los ayuntamientos interesados puedan solicitar esta delegación del ejercicio de esta competencia mediante su adhesión a dicho convenio marco.

De este modo, una vez firmado el convenio marco, podrán presentar la solicitud de adhesión las entidades locales que dispongan de cuerpo de Policía Local y acepten colaborar con la Administración turística de la Generalitat, desempeñando las funciones recogidas en el Decreto 15/2020, del Consell, de Disciplina Turística en la Comunitat Valenciana, que corresponden a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Por su parte, la FVMP se compromete a difundir entre sus entidades asociadas el convenio marco y a efectuar su seguimiento. También asume la interlocución con la Generalitat para resolver las cuestiones o controversias que puedan surgir, tanto en su aplicación como en la de los convenios singulares de adhesión al mismo.

Al asumir los ayuntamientos el ejercicio de las competencias para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en esta materia, la Generalitat ha destacado que "se contribuirá a combatir el intrusismo y las actividades fraudulentas y a ayudar a lograr una adecuada ordenación del sector".

Se considera que esta delegación constituye una herramienta "positiva y eficaz" en aras a servir al interés público en esta materia, todo ello en el marco de una colaboración interadministrativa.

Los ayuntamientos adheridos recaudarán las sanciones económicas que impongan, que pasarán a considerarse ingresos propios. Asimismo, los convenios singulares de adhesión tendrán una vigencia de cinco años, y podrán prorrogarse, previo acuerdo de las partes firmantes, por hasta cinco años más, o extinguirse por denuncia expresa, por escrito, con antelación de treinta días.