Consell del Botànic: ¿gobernando desde el pasado?

Resulta sorprendente la situación en la que nos encontramos. Estamos en el  ecuador de la primera legislatura de un Consell formado por quienes, durante décadas, han criticado una forma de administrar asentada en la discrecionalidad (a menudo encubierta en costosos informes ad hoc para justificar lo que ya estaba decidido). Y sin embargo, tras dos años en el gobierno siguen inéditas medidas para dotarse de las herramientas que permitan contar con información veraz y exhaustiva en la toma de decisiones estratégicas.

Sin cifras y sin su análisis no es posible conocer la realidad ni, por tanto,  transformarla tomando decisiones eficientes. Ello es especialmente cierto en la gestión pública ante la cual los grupos de presión presentan sus intereses como los de todos, seleccionando la información que les conviene. Como afirmara Schumpeter, uno de los economistas más importantes del siglo XX, y han reiterado tras él otros muchos, “necesitamos la estadística no solo para explicar las cosas, sino también para saber con precisión qué es lo que hay que explicar”.

La trascendencia de contar con análisis rigurosos de la información cuantitativa es también una obviedad para deshacer los mitos, esas narraciones ficticias que tanto dicen, y nada bueno, de quienes las mantienen. Lo sabemos los valencianos cansados ya de la identificación de esta tierra con el Levante feliz. El conocimiento que hoy tenemos de la discriminatoria posición en la financiación autonómica, o en los PGE de 2018, todavía insuficiente en el resto de España, es un buen ejemplo. Sin el esfuerzo realizado, fundamentalmente desde el Ivie, hoy seguiríamos instalados en la ideología lacrimógeno mendicante tan explotada ¡y durante tanto tiempo! sin resultado alguno.

Sin embargo, las muestras de desatención a lo que refleja un análisis de la información cuantitativa por parte de este Consell empiezan a ser abundantes. Desde la falta de atención a la revolución digital a la pretensión de reindustrializar la economía a partir de los sectores tradicionales, pasando por el proceso de reversión de los hospitales concertados, sin duda uno de los que más atención ha recibido. En este último, la ausencia de justificación de la actuación realizada, fuera del axioma de las ventajas de “lo público” suscita demasiados interrogantes. Ninguno aclarado por Carmen Montón y su equipo y ninguno favorable a inclinarse a pensar que la decisión adoptada haya sido eficiente y responda, de manera efectiva, a los intereses generales. No me refiero a la legalidad de la solución laboral propuesta ni al grado de  influencia que pueda tener en la actual Conselleria de Sanidad ese brumoso lobby médico defensor “a muerte” de la sanidad pública y silente luego, excepto para construir un cadáver exquisito a partir de ese apoyo, con la nada infrecuente compatibilización de sus profesionales con la consulta privada.

Me refiero a que se va a proceder a la reversión sin haber contestado a los informes de la Sindicatura; por tanto, sin una contraposición pública de ventajas e inconvenientes de uno y otro tipo de provisión de un servicio público básico en términos de calidad asistencial y eficiencia económica. No es un buen pronóstico acerca del interés en cumplir las promesas de transparencia y buen uso de los recursos, tan escasos como nos recuerda el conseller Soler día tras día, reiteradas durante la larga etapa en la oposición.

Las decisiones que, al menos en apariencia, marginan la información económica y la sustituyen por convicciones no contrastadas desconciertan. Lo señalado sobre el concierto hospitalario (cuando toda la apolítica asistencial se presta bajo está forma) se aplica casi exactamente a los objetivos industrializadores del conseller Climent. Pero hay más, El rechazo a grandes superficies – sin alternativas para reducir un paro del 19.7%- o la discrecional selección de los sectores apoyados por el IVF, (convertido ahora en promotional bank y en el futuro –cuando gobiernen otros- en quién sabe qué), son algunos de ellas. Y reflexiones similares podrían hacerse en relación con la gestión de los horarios comerciales en Valencia, cuando las compras por internet, sin horario, avanzan a ritmo vertiginoso, o sobre las vicisitudes por las que viene atravesando la creación de la nueva televisión pública, (incluyendo el baremo establecido para la  contratación de su personal).

A este desprecio por el análisis de la información cuantitativa parece sumarse la continuidad de la convicción de que gobernar dota de la capacidad de conocer el futuro. Aquí los ejemplos también empiezan a aflorar: desde la pretensión para discernir los sectores económicos que lo tienen a quienes deben ser consolidados como trabajadores de la administración. Uno de los casos más hirientes en este terreno es la escasa atención a la mejora del acceso a la función pública, un aspecto  sobre el que ha llamado la atención, con formas moderadas pero con contundencia en lo sustantivo, la investigadora, Alba Soriano. Sorprende, en este contexto, la anunciada consolidación de los interinos al margen de criterios estrictos de transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, pisoteados sin piedad hasta mayo de 2015. Inaudito que después de lo tan criticado durante tanto tiempo, se pretenda ignorar lo ocurrido desde 1995. Como irónicamente escribiera Daniel Langlois aquí también podría afirmarse aquello de: “¡Hagamos tabla rasa!,  creíamos que era la revolución y resultó ser Alzheimer”.

Por todo ello, no es posible descartar que, una vez más, no se esté haciendo realidad la máxima clásica de que la fatal tendencia a dejar de pensar en una cuestión cuando se tiene completamente clara, es la fuente de la mitad de los errores. ¿Es posible que la economía, y con ella la sociedad, haya cambiado de forma radical y el Consell, en su forma de abordar un buen número de temas, siga preso de un pasado que no volverá? En todo caso: es absolutamente contradictorio quejarse sin tregua, y con toda razón, por la constatada falta de recursos por el maltrato del gobierno de Rajoy y, al mismo tiempo, despreciar lo mucho que se puede hacer por mejorar la eficiencia en el uso de los disponibles. Y la incoherencia no se constata solo entre nosotros. Para lo que les interesa, lo que aquí ocurre lo conocen bien en Madrid y en otras comunidades autónomas con quienes es imprescindibles tender puentes y alianzas si de mejorar la situación, y no “montar pollos,” se trata.