El Consell reclama 24 millones a las exconselleras Miró y Johnson y a cuatro exdirectivos por la F-1

VALÈNCIA. La Generalitat valenciana ha comunicado al Tribunal de Cuentas contra quién y por qué cuantía dirige el procedimiento de reintegro por presuntas responsabilidades contables derivadas de la compra de la empresa privada Valmor Sports. Se trata de un procedimiento civil en el que el Tribunal de Cuentas abrió la posibilidad de demandar a los responsables de la operación para que reparen el daño causado, que asciende a nada menos que 23,99 millones de euros.

La Abogacía de la Generalitat ha sido la encargada de redactar la demanda, que se dirige contra las exconselleras de Turismo, Cultura y Deporte Trini Miró y Lola Johnson y contra cuatro exdirectivos de la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD): José Miguel Escrig, Julio García Gimeno, Blanca Tomás Carbó y Luis Lobón.

A Miró y a Johnson se les señala por haber sido presidentas de CMPD; a Escrig, García Gimeno y Blanca Tomas, por ser apoderados de la compaía, y a Luis Lobón, por ser quien firmó el contrato por parte de la empresa pública. 

El procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas es paralelo e independiente del que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, conocido como caso Valmor, en el que están imputados el expresidente del Consell Francisco Camps, la exconsellera Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez Aspar.

La demanda de la Generalitat no prejuzga los hechos desde el punto de vista penal, ya que eso corresponde a los tribunales de justicia. Se trata de un procedimiento de reintegro por alcance en el que se exige a los responsables de una negligencia que reparen el daño causado.

A Lola Johnson y a los cuatro exdirectivos les reclama solidariamente 23,99 millones como responsables de la compra de Valmor Sports por parte de CMPD, operación que causó un agujero de esa magnitud en las arcas de la Generalitat. En esta primera reclamación la Abogacía no incluye a Trini Miró porque no participó en la compra.

Subsidiariamente, si el Tribunal de Cuentas desestima la primera petición, la Generalitat y CMPD reclaman 14,66 millones de euros a los cinco citados anteriormente más a la exconsellera Miró, también de manera solidaria, es decir, que la ejecución podría dirigirse contra cualquiera de ellos o contra todos. 

Esta segunda petición se basa en el perjuicio causado a la sociedad CMPD antes de la compra de Valmor al no haber reclamado a esta empresa la deuda que había ido acumulando a medida que se celebraban las ediciones del Gran Premio de Fórmula 1 en València. 

CMPD encargó a Valmor Sports la organización de los grandes premios de F1 acordados por Francisco Camps y Bernie Ecclestone en plena campaña electoral de mayo de 2007. La carrera anual empezó a disputarse en 2008 y fue una sangría para la Generalitat, que se hizo cargo de la mayoría de los gastos a pesar de que Camps había dicho que no costaría ni un euro a los valencianos.

Ni Fabra ni Bonig

La acotación de responsabilidades por parte del Gobierno de Ximo Puig centrándola solo en quienes tenían poderes en la empresa pública CMPD supone un alivio para quienes aprobaron finalmente  la compra de Valmor, que fueron en primer lugar la junta general de accionistas, que era el propio Consell de Alberto Fabra, y posteriormente el consejo de administración de la empresa pública.

Esto supone que quedan fuera el propio Fabra y la entonces consellera de Infraestructuras y hoy líderesa del PPCV, Isabel Bonig. El Consell que aprobó la operación en diciembre de 2011 tenía once integrantes: Alberto Fabra, Paula Sánchez de León, José Císcar, Isabel Bonig, José Manuel Vela, Enrique Verdeguer, Serafín Castellano, Lola Johnson, Maritina Hernández, Jorge Cabré y Luis Rosado.

La operación fue consumada por el consejo de administración de Circuito del Motor el 7 de marzo de 2012. Aquel consejo estaba presidido por la entonces consellera Lola Johnson y formaban parte de él otros altos cargos de la Generalitat: Rafael Ripoll, Luis Lobón, Bruno Broseta, Eusebio Monzó, José López Jaraba (entonces director general de RTVV), Mateo Castellá y José Miguel Escrig.

Una operación ruinosa

La empresa privada Valmor Sports, participada al 33% por Bancaja, Fernando Roig y una sociedad formada por Jorge Martínez Aspar y Vicente Cotino, fue adquirida en marzo de 2012 por un euro por la empresa publica CMPD. Esta sociedad absorbió Valmor y asumió todas sus deudas, cifradas en unos 30 millones de euros, parte de ellas con la propia Generalitat. 

La operación fue cuestionada por la Sindicatura de Comptes tanto en las formas como en el fondo. El organismo auditor de la Generalitat cifró en al menos 23,87 millones de euros las pérdidas que había ocasionado al erario valenciano. Por ello, en septiembre de 2013, los diputados de Compromís Fran Ferri y Mónica Oltra -hoy vicepresidenta del Consell- presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por "el presunto saqueo de las arcas públicas".

La compraventa fue aprobada por el Gobierno de Fabra el 9 de diciembre de 2011, en una reunión en la que el Consell se constituyó como junta general universal de CMPD, empresa de la que el socio único es la Generalitat.

Según la Abogacía de la Generaliat, la adquisición de Valmor "fue más allá de lo autorizado por la Junta de Accionistas", que daba luz verde a la adquisición "por 0,99 euros, cuando en realidad supuso un desembolso mucho mayor".

La Abogacía considera verosímil la tesis del entonces vicepresidente, José Císcar, quien en su declaración ante el juez del caso Valmor afirmó que el acuerdo fue llevado al Pleno del Consell fuera del orden de día por Lola Johnson. Además, en la documentación aportada por la consellera no se hacía referencia a la deuda de 14 millones que Valmor tenía con CMPD. Según esta tesis, Johnson engañó al resto de Gobierno valenciano, cosa que ella ha negado ante el juez.

No era necesario comprar

En cuanto a la justificación de la compra se basa en un informe del gerente de la sociedad Proyectos Temáticos de la CV Nicolás Figueras. Un informe que la Abogacía desmonta punto por punto, especialmente en lo relativo a la deuda que se oculta a la Junta de Accionistas. Se trata de un hecho gravemente negligente", según es escrito de demanda. Tampoco se pusieron sobre la mesa "compromisos perjudiciales para el erario público". 

Y lo más relevante, que la Abogacía desmiente que hubiera que comprar Valmor para salvar la Fórmula 1 en València, ya que según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), "la continuación de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en València estaba asegurada..."

Así pues, la Abogacía concluye que "en la conducta de los demandados concurre culpa o negligencia grave". 

La instructora quiso archivar

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante, no cree que exista responsabilidad contable en este caso, como dejó escrito: "Si bien los hechos sobre los que giró la instrucción podían constituir un daño lesivo en los fondos públicos de la Generalitat valenciana, sin embargo, no concurrían en los mismos todos los elementos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance".

A pesar de ello, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía de la Generalitat solicitaron al Tribunal de Cuentas que continuara con el procedimiento, a lo que este organismo accedió. 

La responsabilidad contable

Algunas características de la responsabilidad contable son que se trata de una especie dentro del género de la responsabilidad civil, que el contenido esencial consiste en la obligación de indemnizar daños y perjuicios por quienes los causen en el ejercicio de su cargo y con motivo del manejo de caudales o efectos públicos y que se trata de una responsabilidad con efectos patrimoniales y no sancionadores.

Es totalmente compatible con la responsabilidad disciplinaria y con la responsabilidad penal. 
Las causas de exención de la responsabilidad contable son la obediencia debida y el incumplimiento por otras personas de sus obligaciones específicas.

La consejera titular del Departamento Segundo del Tribunal de Cuentas que instruye este procedimiento es Margarita Mariscal de Gante, magistrada que fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar (1996-1999). Mariscal de Gante fue diputada por el PP en la legislatura siguiente y en 2002 sustituyó como vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados a Francisco Camps, quien dejó el cargo para preparar su candidatura a la presidencia de la Generalitat, que alcanzó en 2003.