Este acuerdo, que fue suscrito el 12 de diciembre de 2023 entre la Conselleria de Justicia e Interior y las organizaciones sindicales, se basa principalmente en dos puntos.
El primero de ellos es la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial ante la expectativa de que el Gobierno de España apruebe diversos proyectos de ley de reformas organizativas y de eficiencia procesal que van a suponer la implantación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia en los municipios, lo que implica una modificación del tradicional modelo organizativo de los juzgados y tribunales en cuanto a su planta y demarcación.
En este sentido, se establece "la mejora progresiva" de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia implicado en la realización de este proceso de cambio, a quien le supondrá un esfuerzo de adaptación.
El segundo punto de este acuerdo recoge el compromiso de la Conselleria de Justicia e Interior de implantar la carrera profesional del personal funcionario de la Administración de Justicia transferido, una vez que el Ministerio de Justicia regule las bases de la carrera profesional mediante real decreto, tal y como establece la Ley Orgánica 4/2018, de 26 de diciembre.
Hasta que esto se produzca, y siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la Conselleria prorrogará para los años 2024 y siguientes el actual programa de actuación, que reconoce la trayectoria y actuación profesional del funcionariado de esta Administración.
Encomienda de la seguridad
Por otra parte, ha aprobado asimismo el convenio de encomienda de gestión por el que el Ministerio del Interior, a través de la Guardia Civil, se encarga de la seguridad en los edificios de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Este convenio supondrá una aportación por parte de la Conselleria de Justicia e Interior de alrededor de 17,4 millones, distribuidos en las cuatro anualidades de duración, y tendrá además posibilidad de prórroga. La dotación para 2024 será, en concreto, de 4,15 millones de euros.
La cantidad que aporta la Conselleria englobará en su conjunto las diferencias retributivas del personal de la Guardia Civil entre las situaciones de activo y reserva sin destino, un complemento de productividad atendiendo a la peculiaridad de los distintos puestos de trabajo, así como aquellos otros gastos derivados del equipamiento o medios materiales precisos para la realización del servicio.
La Guardia Civil determinará los destacamentos y unidades necesarios para la prestación del servicio de protección y vigilancia, que estarán compuestos por personas de las escalas de oficiales, suboficiales, cabos y guardias.