VALÈNCIA (EP). El Consell ha ratificado este martes el acuerdo de la Mesa General de Negociación del personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat para la XI legislatura, que recoge cuestiones que se consideran "prioritarias" sobre las condiciones de trabajo, la planificación del empleo público, la formación o la igualdad y la lucha contra la violencia sobre la mujer.
Este acuerdo, firmado el pasado 25 de abril, recoge la hoja de ruta de los asuntos que el Consell y los sindicatos se comprometen a negociar a lo largo de esta legislatura y que afectan al conjunto de las plantillas públicas de la Generalitat, incluidas las de Sanidad, Justicia y Educación.
Este marco consensuado de negociación y diálogo se marca como objetivo "impulsar la dinamización de la Administración con la finalidad de avanzar en un empleo estable y mejorar los servicios públicos".
En concreto, el acuerdo establece que se mantendrá el programa de medidas contra la brecha salarial y a favor de la racionalización y mejora de la clasificación de puestos. Además, se someterá a revisión y modificación la actual regulación de las retribuciones por servicios extraordinarios, con su actualización conforme al IPC, ámbito en el que también se actualizará la compensación por kilometraje o dietas, entre otros.
Por otro lado, la Generalitat y los sindicatos se comprometen a que las ofertas de empleo público se encaminen hacia el objetivo de situar la temporalidad por debajo del 8% a final de la legislatura. Para ello, se acuerda solicitar al Gobierno de España la eliminación de la tasa de reposición.
Asimismo, en el acuerdo ratificado figura también el compromiso de la realización de un Plan Estratégico de Recursos Humanos en todos los sectores de la Administración autonómica (incluidas las áreas de Sanidad, Educación o Justicia), cuyo resultado servirá de diagnóstico para mejorar la cultura organizativa de la Administración y para adecuar los procesos de selección.
Además, se incluye en la hoja de ruta la negociación de aspectos relativos a la evaluación del desempeño con la implantación de efectos retributivos de carácter variable para la consecución de los objetivos estratégicos, el impulso de los servicios públicos y la motivación del personal.
El acuerdo también prevé el análisis de la implantación del teletrabajo, que estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria y a la garantía de que su puesta en funcionamiento no afecte a la correcta prestación de los servicios públicos.
Del mismo modo, establece que cada mesa sectorial negociará la aplicación de las 35 horas en su ámbito y sus correspondientes adaptaciones en los términos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de la Ley de Presupuestos de la Generalitat.
El pacto prevé, por otro lado, la revisión de los planes de igualdad con el fin de adaptarlos a la normativa vigente, así como la elaboración de nuevos programas en los ámbitos donde no existan o hayan caducado.
Además, el derecho a la movilidad de las trabajadoras víctimas de violencia de género se amplía también a aquellas mujeres que tengan a su cargo mujeres que sufran este tipo de violencia. Para ello, el acuerdo contempla realizar convenios con administraciones locales, autonómicas, universidades y Administración del Estado para facilitar la movilidad en estos casos.
Igualmente, se incluye la realización de cursos de formación sobre igualdad y violencia sobre la mujer, que se tendrán en cuenta en los baremos de acceso, provisión y promoción profesional. De manera más general, se otorga peso a la formación continua y permanente, y en este ámbito, como novedad, los sindicatos podrán homologar sus acciones formativas.
El texto recoge, finalmente, la necesidad de reactivar la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana, la Mesa General de Negociación de Administración Local y la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana.