Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Consell Rector reunido hoy ha tomado la decisión de reservar 11,5 millones de euros de su presupuesto para poder afrontar el pago correspondiente en 2024 al IVA no deducible de la Corporación (CVMC) y de la Sociedad (SVMC).
El pleno del Consell de la Generalitat acordó el pasado lunes 30 de octubre un presupuesto de 84 millones de euros para la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), de los cuáles 67 irán destinados a la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC), el ente que gestiona À Punt y donde se encuentra el grueso de la plantilla.
En este presupuesto no está incluido el importe que supone el IVA no deducible al cual debe hacer frente en 2024 tanto la CVMC (1 millón de euros) como la SAMC (10,5 millones de euros). En este proyecto de Ley de Presupuestos para 2024, el gobierno valenciano, como también hizo el anterior Consell de la Generalitat, no ha reservado ninguna partida específica destinada a asumir la reclamación de la Agencia Tributaria relativa al IVA deducido entre los años 2016 y 2021, cuyo procedimiento sigue abierto y pendiente de resolución.
El conflicto del IVA con todas las televisiones públicas viene de lejos. Respecto a la televisión pública valenciana, la agencia Tributaria (AEAT) le reclama 26’8 millones de euros correspondiente a los ejercicios de 2016 a 2021. Actualmente este conflicto no ha llegado a la vía judicial. Respecto al IVA comprendido entre el ejercicio 2016 y el 2021, la CVMC presentó reclamaciones económico- administrativas ante el TEAR (Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana), al estar en desacuerdo con los criterios de liquidación aplicados, sin que hasta la fecha haya obtenido pronunciamiento alguno.
En el 2022 y 2023, la CVMC y la SAMC han hecho frente al pago correspondiente del IVA no deducible siguiendo por prudencia el criterio de la agencia tributaria, lo que ha supuesto en la práctica una infrafinanciación de la tele pública de 11’5 millones de euros anuales.
Ante esta situación, por tal de dar seguridad jurídica y económica a la televisión pública, el Consell de la Generalitat incluyó en el artículo 52 de la Ley de Presupuestos de 2022 y 2023, la asunción de "las mayores obligaciones tributarias sobrevenidas de la CVMC y de la SAMC" en caso de una resolución negativa por parte de los tribunales. Esta previsión está recogida también en la cláusula cuarta del contrato programa entre la CVMC y la Generalitat para los años 2021-2023.
Ahora bien, ese artículo 52 no ha venido acompañado de una fórmula concreta para hacer frente al IVA no deducible y ello ha generado tensiones de tesorería en las cuentas de la cadena pública durante 2022 y 2023, que no son imputables a la gestión interna, ya que ésta ha sido aprobada cada año por los diferentes órganos de fiscalización.
Ahora, ante la incertidumbre existente, el Consejo Rector, por prudencia y por responsabilidad en la gestión de la empresa, ha tomado la decisión de destinar 11,5 millones del presupuesto de 2024 al pago del IVA no deducible según el criterio de la Agencia Tributaria, rebajándolos del presupuesto que hasta ahora le había sido asignado para la prestación del servicio público. El objetivo es evitar el riesgo de posibles sanciones y afrontar un escenario futuro con más certidumbre que dé seguridad a la cadena.
Cabe recordar que la Agencia Tributaria (AEAT) no ha mantenido siempre los mismos criterios respecto de la deducibilidad del IVA soportado por todos los medios de comunicación públicos autonómicos de España, RTVE y el resto de televisiones públicas europeas.
El conflicto entre la Agencia Tributaria y los gobiernos autonómicos por el IVA deducible de sus televisiones públicas se remonta al 2014, antes incluso de la creación de la CVMC. En esa fecha, la AEAT empezó a considerar que las cadenas sólo podían deducirse el impuesto por su actividad comercial y no por los ingresos que reciben vía presupuestos de los respectivos gobiernos autonómicos. Hasta ese momento, los medios públicos se lo deducían por completo.
Pero en 2015 entró en vigor una nueva ley del IVA y cambió el criterio. Ahora se establece que las televisiones públicas pueden deducirse el impuesto de la práctica totalidad de sus gastos, pero por el contrario aplican el criterio mediante el cual hay que repercutir el IVA a las subvenciones recibidas. En 2017 a raíz de una directiva europea, Hacienda volvió al criterio de 2014 y defiende la limitación de la deducción del IVA.
La situación por IVA en la que está inmersa À Punt no se da en todas las televisiones de la FORTA.
En el caso de Cataluña, Galicia, Canarias, Murcia, Asturias, Castilla La Mancha y Baleares, los gobiernos autónomos se hacen cargo del IVA no deducible a través de distintas fórmulas, como incrementos presupuestarios, pólizas corporativas, aportaciones económicas corrientes adicionales o préstamos.
En el caso de Andalucía y Madrid se financia con préstamos a corto plazo para absorber parte del sobrecoste mientras que la televisión de Aragón lo afronta a través de pólizas de crédito a corto plazo con entidades financieras.
