Así lo ha manifestado este viernes la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, al ser preguntada por la resolución del TSJCV que declara nulo el artículo 32.4 del Decreto 62/2017 del Consell --norma que establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas--.
El tribunal valenciano entiende que el artículo del decreto omite "toda referencia a la excepcionalidad del cuidado no profesional" del dependiente, que establece la ley estatal 39/2006, cuyo contenido considera que, por tanto, vulnera.
Al respecto, Oltra ha manifestado que desde el Consell se está estudiando la sentencia y se recurrirá al TS porque, según ha dicho, contradice a otra anterior dictada también por el TSJCV y ratificada por el Supremo y que se hizo a demanda de la patronal. "Hay dos sentencias contradictorias y el TS deberá pronunciarse", ha insistido.
La vicepresidenta ha recordado que lo que hace el decreto es, respecto a los cuidadores no profesionales, desarrollar sus características: "No entra en contradicción con la ley estatal, lo que hace es desarrollar la normativa autonómica", ha afirmado.
No obstante, Oltra ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las personas que ejercen de cuidadores familiares porque les ha recordado que desde hace un año se volvió a introducir su cotización a la Seguridad Social; y desde el Consell se ha desarrollado su profesionalización a través de completar su experiencia de curas con algún curso, etc.
"Estamos haciendo un camino de profesionalizar estos servicios, de ponerlos en valor y de desarrollar al máximo la atención a personas en situación de dependencia en la Comunitat, que estaba muy abandonada --antes de la llegada del Botànic--", ha expuesto.