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Contra la ley mordaza

2/12/2021 - 

Policías protestando en las calles de Madrid. No por cuestiones de mejoras salariales como en otras ocasiones, sino porque hay quien dice que con la futura reforma de la Ley Mordaza el Gobierno les desprotege en su desempeño laboral diario. La derecha política y la ultraderecha se han sumado a estas presuntas reivindicaciones detrás de una pancarta que reza ‘No a la España insegura’. Este podría ser el resumen del pasado fin de semana…

Por si no lo saben, estamos hablando en realidad de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Siendo orgánica, es una ley que -de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución- se enmarca entre las leyes “relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”. Pero, qué cosas, ¿verdad? Una ley nacida para proteger nuestros derechos y libertades fue rebautizada por la ciudadanía como Ley Mordaza. Y yo me pregunto: ¿de todos los miembros de la mani del domingo, nadie ha caído en esto?

La ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana, si por algo ha destacado, ha sido por su uso torticero (como tantas otras leyes en España). Como su sobrenombre indica, el efecto final ha sido el de impedir cualquier manifestación de las ideas y acceso a la información sobre temas de interés público. Esto se traduce directamente en una auténtica minorización de los derechos de la ciudadanía respecto al derecho a la manifestación y la libre expresión. Y, sobre todo, ha supuesto establecer niveles de ciudadanía, estableciendo una superioridad de cualquier agente policial sobre la ciudadanía. 

No lo digo yo. Echen un vistazo a las conclusiones sobre la ley de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que lo insinúa perfectamente. Los miembros de la comisión llaman a la ley por su nombre, pero la ponen de vuelta y media en diversas cuestiones y no solo eso, ponen bajo sospecha los mecanismos de control en la propia ley contra posibles abusos policiales. También recomiendan distintas medidas al Gobierno. Y además se preguntan dónde queda la capacidad de protesta de los españoles y españolas si por ley alguien ya no puede concentrarse espontáneamente. 

¿Se imaginan un jefe de dispositivo policial pidiendo que se identifiquen o dispersen las mujeres y hombres que con enfado y razón se manifestaron sin pedir permiso a ninguna delegación de gobierno por la sentencia que absolvió a los violadores de la Manada? Podría pasar. Todo queda al pairo de determinados criterios: quizás los de los mismos que deciden que conviene sacar tanquetas en barrios obreros contra miles de familias que piden que se cumpla un convenio laboral; o tal vez, los de aquellos que deciden que no hay que dispersar concentraciones ultraderechistas que gritan consignas homófobas en medio del mayor barrio rosa de España. ¿No será que la policía tiene criterios sobre a qué ciudadanía se debe proteger y a cuál no?

Les contaré una historia personal: en 2013, me encontraba ante un tribunal por haber protestado junto a un grupo de personas mayores frente a una oficia de Bankia en Crevillent. La denuncia no era otra que aquel fraude que sirvió para dejar sin sus ahorros a personas que habían confiado en la caja de ahorros de toda la vida, fue la conocida estafa de las preferentes. El lio se montó cuando un guardia civil solo nos pidió identificarnos a la chavalada allí presente, lo cual indignó a los mayores, que pidieron ser también identificados. No medió agresión ni insulto grueso de ningún tipo. Pero con su atestado, antes de la ley Mordaza, el agente nos sentó ante un juez. Su mayor acusación fue, dicho ante el tribunal, “haber vivido el peor día de su vida”. Allí estábamos todas a la espera de la multa. El juicio, sin embargo, hubo de repetirse. Y en la siguiente ocasión, aquel agente ni apareció para volver a narrar el peor día de su vida. Al muy honorable le estaban tramitando un expediente por falta grave de régimen interno en la Guardia Civil, por mentir en su testimonio en otro caso. 

Y he aquí el quid de la cuestión, porque al final, lo que la ley Mordaza hubiese conseguido en aquel 2013 es eliminar la garantía de defensa de los denunciados al dotar al agente de presunción de veracidad por su condición. En definitiva, la ley Mordaza lo que ha normalizado crudamente es que una persona por haberse sacado una oposición, haber jurado la Constitución y obtenido una pistola tiene el poder de actuar de manera arbitraria como juez y parte ante actuaciones con la ciudadanía de a pie. Es más creíble, más honorable. 

Volviendo a la mani policial, da cierta vergüenza escuchar el domingo a sindicatos policiales (afines a la extrema derecha de este país) y políticos decir que quedan desprotegidos por reformar la ley para que, entre varias cuestiones, las actas policiales constituyan un relato de los hechos “coherente, lógico y razonable, salvo prueba de lo contrario” (el entrecomillado responde a la literalidad de una de la enmienda presentada a la ley). ‘No a la España insegura’, decían unos y otros. Todo en un estado en el que, según Eurostat, se roba menos que en Dinamarca, Suecia o los Países Bajos; donde a nivel de homicidios y agresiones somos unos angelitos en comparación con países como Francia, Alemania o Italia. Pero un estado que a diferencia de los de nuestro entorno te la juegas por manifestar tus ideas. La estadística no miente; la derecha y aquellos que se dejan manipular por ella, sí. 

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