Copava dice que centros de día, residencias, viviendas tuteladas están "en números rojos"

VALÈNCIA. (EP) La Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a personas con diversidad intelectual y funcional (COPAVA) afirma que los centros ocupacionales, residencias, viviendas tuteladas y centros de día están "en números rojos por la gestión de Igualdad y Políticas Inclusivas".

Al respecto, advierte, en un comunicado que "las irregularidades en los pagos es ya insostenible" para seguir manteniendo la atención que ofrecen a personas con discapacidad y en ese sentido señala que el nuevo sistema de conciertos entre "está llevando cada vez más al límite a las asociaciones del tercer sector".

Por ello, ha reclamado en nombre de sus 54 entidades, sin ánimo de lucro, a la administración pública que regularice los pagos para garantizar que puedan continuar su trabajo. Además, la renovación de los conciertos plurianuales por parte de Conselleria ha "complicado" la situación de estos centros que proporcionan a personas con discapacidad ocupación terapéutica y técnicas profesionales para su integración laboral, así como actividades convivenciales para su integración social.

En estos momentos, aseguran que la administración "lleva desde diciembre sin pagar a las entidades mientras estas deben pagar al día impuestos, nóminas y facturas de proveedores". Hasta ahora, señalan que la única solución que ofrecía la Conselleria para paliar sus propios retrasos, era solicitar una línea de crédito al Instituto Valenciano de Finanzas.

Es decir, que "se debía pagar un interés bancario a una administración de la Generalitat Valenciana para recibir puntualmente el dinero que no pagaba la Conselleria que pertenece también a la propia Generalitat".

No obstnate, apunta que esta situación en 2023 se ha hecho "más grave todavía" ya que "además de mantener ese retraso en el pago, la línea de crédito del IVF no se ha publicado y ahora ni siquiera a cambio de un interés, las entidades pueden adelantar ese dinero para poder pagar puntualmente".

Por otro lado, cada vez son "más complejos y burocráticos" los requisitos para formar parte del concierto con la Conselleria, por lo que los gastos que una entidad que atiende a personas con discapacidad son "más abultados".

 Asimismo, señalan que el pasado viernes 10 de marzo se aprobó el el decreto que regula la tipología y funcionamiento de centros, servicios y programas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, COPAVA entre otras entidades, realizó aportaciones para la redacción de la ley, pero "sin ninguna respuesta".

Así, lamentan que "no se han respondido a las alegaciones ni argumentado la aceptación o no de las aportaciones hechas, dejando la redacción del texto legal a espaldas de las entidades que trabajan con personas con discapacidad".

Asimismo, afirman que la situación "se complica todavía más ante la multiplicación de direcciones generales que ha tenido el organismo autonómico, que en lugar de concentrar la gestión en un mismo equipo, los ha dividido sin aparente coordinación".

Toda esta situación ha perjudicado "notablemente el día a día de las personas con discapacidad" ya que los profesionales de cada entidad "deben dedicar más tiempo a la administración en lugar de a las personas a las que se deben y se pierden las garantías de calidad al no poder garantizar a la plantilla de empleados un salario digno pagado con puntualidad".