VALÈNCIA. (EFE). El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha denunciado este miércoles ante el juez del caso Bárcenas que está recibiendo amenazas anónimas desde que desveló el pago de comisiones de empresarios para financiar el partido a instancias del expresident de la Generalitat Francisco Camps y ha pedido que se le ponga protección.
El juez del caso Bárcenas, José de la Mata, había citado a Costa como testigo en su investigación sobre la caja b del PP y al comenzar su comparecencia, que se ha prolongado casi dos horas, ha denunciado ser objeto de amenazas telefónicas y, si bien ha dicho desconocer su procedencia, sospecha que puedan venir del entorno empresarial, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración.
Además de relatarlo ante el juez ha presentado un escrito, del que no se ha dado traslado a las partes, detallando esas amenazas anónimas, que "no cesan" y frente a las que tiene "una alta preocupación", han precisado las fuentes.
Una vez finalizado el interrogatorio, en el que se ha ratificado en todo lo que dijo en el juicio a la rama valenciana de Gürtel en el que apuntó a Camps como responsable de la financiación irregular, Costa se ha quedado media hora más con el juez de la Audiencia Nacional para detallarle las amenazas y valorar si requiere protección.
Además de las amenazas, ha explicado, como ya hizo en el juicio, que era una práctica habitual en el PP valenciano recibir dinero de empresarios de la Comunitat Valenciana, de lo que se encargaba directamente el entonces vicepresidente del Consell, Víctor Campos, al que vio en numerosas ocasiones con sobres de dinero.
Ese dinero se remitía después desde el partido en Valencia a la sede de Génova para ingresarlo en cantidades no superiores a 3.000 euros y así eludir las previsiones de la Ley de financiación de partidos políticos.
Él directamente, ha dicho, solo recibió una entrega de 150.000 euros en billetes de 500 en 2008 del empresario José Mayor Oreja (FCC) para financiar actos de la campaña de las elecciones generales, según ha señalado a los periodistas Enrique Santiago, abogado de IU, que ejerce la acusación en esta causa.
Para hacer esta entrega, Mayor Oreja le comunicó que estaba en València viendo la Formula 1 y acudió personalmente a la sede del partido y le entregó el dinero.
Ese dinero que entregaban los empresarios era a cambio de contratos en la Comunitat Valenciana aunque no ha establecido una relación directa entre los pagos y los contratos adjudicados, pero todos ellos eran empresarios con contratos en esta comunidad. De hecho ha llegado a mencionar que más de 600 millones en contratos fueron adjudicados a empresarios que habían realizado aportaciones.
Según este abogado, Costa ha detallado también el organigrama de la formación valenciana y ha indicado que él, como secretario general, además de ocuparse del área política, asumía la gestión y administración del partido y que por encima estaban los presidentes del partido, que tienen esas mismas competencias.
La estructura nacional, ha precisado, se reproducía de forma idéntica, tratándose de un partido jerarquizado y ha destacado que los gerentes y tesoreros territoriales eran directamente designados por la gerencia y tesorería nacional y era a ellos a los que le daban cuentas.
Ha ratificado también que solo acudió una vez a Génova a entrevistarse con el extesorero del PP Luis Bárcenas para comunicarle las prácticas irregulares que se estaban llevando a cabo para la financiación del partido y manifestar que él se negaba a participar en ese sistema.
Tal y como relató en el juicio, ha sostenido que Bárcenas entendió que no le pareciera bien esa forma de financiarse, pero, al ser preguntado si se le pidió acabar con ese sistema, ha reconocido que no recibió ninguna indicación, según ha señalado el letrado de IU.
Este miércoles también estaba prevista la comparecencia como testigo y a petición propia del exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, 'El Albondiguilla', procesado por sus negocios con la trama Gürtel y para el que la Fiscalía pide 40 años y 9 meses de cárcel.
Sin embargo, su interrogatorio se ha aplazado al viernes al alegar el exalcalde motivos de salud.
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