VALÈNCIA. En su primer día en el banquillo el exconseller Juan Cotino, uno de los principales imputados en el juicio por los presuntos amaños de contratos en la visita del Papa Benedicto XVI, trató de echar a la acusación ejercida por la extinta Radio Televisión Valenciana (RTVV) del juicio. Aunque hasta este martes no está previsto que comiencen las declaraciones de los procesados, ya que la jornada de el lunes se dedicó en exclusiva a las cuestiones previas de las partes, el primer día de juicio no dejó indiferente a nadie.
Los magistrados resolverán esta mañana sobre las cuestiones planteadas por las partes, entre las que destaca la formulada por el letrado de Cotino, Juan Carlos Navarro, quien pidió que, a raíz de un acuerdo del Consell que extinguió la personalidad jurídica de RTVV en 2018, por el que se subrogaba la deuda de la televisión pública valenciana a favor de la Generalitat, “ésta ya no tiene capacidad jurídica para formar parte de las acusaciones. Que en todo caso, debería ser la Abogacía de la Generalitat la que se debería haber personado como parte, pero nunca RTVV”.
El abogado de RTVV no pudo contestar a lo dicho por Navarro porque en las cuestiones previas no existe el derecho de réplica, por lo que serán los tres jueces los que decidan si dar, o no, su primera mini victoria al expresidente de les Corts. Pero lo dicho por Navarro no fue lo único destacable de esa primera jornada en la que 13 de los 24 acusados llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.
La defensa de José Luis Martínez Parra, de Teconsa, dinamitó el ‘buenrollismo’ que había reinado durante toda la mañana cuando se lanzó a la yugular de las fiscales Anticorrupción, Concha Sabadell y Concha Nicolás.
El abogado aseguró que "se está vulnerando el derecho a la tutela efectiva, y al derecho de defensa porque las maniobras de la fiscalía en España, amedrentando para que las partes lleguen a conformidades, suponen una vulneración porque las conformidades se alcanzan después de presentar el escrito. Esto no ocurre en ningún ordenamiento europeo ni americano, y si la fiscalía quiere jugar a ser fiscales americanos, se tiene que hacer durante la investigación para no empezar con un procedimiento viciado".
Pero por si eso no había sido suficiente, continuó con su ataque sin cuartel asegurando que: "Mi defendido ha dicho que no pacta porque ya se le ha absuelto en Burgos y quieren juzgarle aquí otra vez por lo mismo. Mi patrocinado corre el riesgo de que por el juego entre coimputados, la prueba se convierta en prueba de cargo. La fiscalía abandona su puesto de garante de un proceso con todas las garantías".
Y cerró el ‘speech’ más virulento del día diciendo que: "Esto no consiste en conseguir condenas, en no dar informes al fiscal jefe, en hacer informes en los que todos los delitos son concursos reales para después cuando emitan sus conclusiones definitivas, ahí veremos el contrato del Ministerio Fiscal con las personas que hayan declarado en contra de determinadas personas".
Sin embargo, para Cotino, las cuestiones previas más perjudiciales fueron las esgrimidas por las defensas de Álvaró Pérez, uno de los cabecillas de la Gürtel, de Pedro García, exdirector de RTVV y principal acusado en esta pieza, y del empresario y miembro de la trama corrupta Ramón Blanco Balín, que para desgracia de Cotino, han alcanzado un acuerdo de conformidad con Fiscalía y servirán, jurídicamente hablando, su cabeza en bandeja de plata a las fiscales. Un acuerdo en el caso de García que era un secreto a voces, ya que le pedían 40 años de cárcel.
El abogado de Álvaro Pérez, Javier Vasallo, anunció la colaboración de su cliente con la Fiscalía. De hecho, Pérez lleva varios años diciendo que en este juicio contará el 'tercer testamento'. La defensa de Blanco Balín entregó un documento que acredita que "tras un proceso de reflexión y arrepentimiento" ha entregado 400.000 euros a la sala para "reparar el daño causado", y además aseveró que colaborará con la acusación.
El abogado de Pedro García, Eugenio Ponz, también dijo que "mi defendido va a colaborar" y, acto seguido, renunció a toda la prueba propuesta al igual que a los testigos. Como el resto de defensas, pidió que una vez declare se le dispense de acudir al juicio.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell