Crespo y 'El Bigotes' buscan una rebaja de su pena, aunque Anticorrupción arguarda la confesión

MADRID (EP). El exsecretario de Organización del PP de Galicia y 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes' confesarán mañana ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia "datos relevantes" sobre la financiación ilegal del PP valenciano liderado por Francisco Camps buscando una rebaja de su pena.

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que las defensas de estos dos responsables de la trama Gürtel se han reunido este jueves con la Fiscalía Anticorrupción para tratar este cambio de estrategia. No obstante el encuentro ha concluido sin ningún pacto, ya que el Ministerio Público prefiere esperar a escuchar sus declaraciones antes de decidir si disminuyen los años de prisión que piden para ellos, han precisado las mismas fuentes.

Los fiscales del caso Myriam Segura y Carlos Alba solicitan 22 años de prisión para Crespo y 27 para 'El Bigotes' por tres delitos electorales, otro de falsedad documental y varios contra la Hacienda Pública.

Este miércoles era el día previsto para que Crespo y 'El Bigotes' declarasen en el juicio, que comenzó este lunes, por la presunta caja 'b' de los 'populares' valencianos en relación a los actos de campaña que Orange Market organizó en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 y otros eventos.

La declaración del líder de la Gürtel, Francisco Correa, que de acuerdo a su intención de colaborar con la justicia en busca también de una rebaja de la pena solicitada por los fiscales --22 años de prisión por los mismos delitos que Crespo y Pérez--, reveló que la formación política regional les indicaba a quiénes tenían que facturar los actos que realizaron si "querían cobrar".

Correa señaló a Costa

Hizo mención expresa que los que pagaron fueron los empresarios que han reconocido los hechos y alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. De hecho, apuntó directamente hacia al 'número dos' de Camps -quien tendrá que comparecer como testigo-, Ricardo Costa, quién se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales y otro de falsedad documental.

Según explicó Correa, se enteró de esta exigencia por Pablo Crespo, que era el que llevaba "el día a día" de las empresas de la Gürtel y el que se reunía con Costa para concretar estos detalles. Añadió que su mano derecho se enfadó al conocer las indicaciones porque su "actividad anterior era político" y sabía el "problema" que esto podía conllevar.

Ante esta situación, los abogados de Crespo y Pérez, Miguel Durán y José Javier Vasallo, respectivamente, solicitaron al juez la suspensión de la vista oral durante 48 horas para poder "línea de estrategia de defensa puede ser la misma o experimentar variación". Durán añadió --y a lo que se adhirió su colega--, en respuesta a las preguntas del magistrado-- que "aportarían elementos o hechos relevantes" para la causa.

Más de la mitad ya han 'cantado'

Si finalmente Crespo y Pérez hacen una confesión sobre cuál fue el procedimiento utilizado por el PP valenciano para pagar los actos que contrató con Orange Market, se sumarían a los acusados que ya han afirmado que el PP de la Comunidad Valenciana se financió de forma ilegal.

De las 19 personas que se sientan en el banquillo, ya han reconocido los hechos que Anticorrupción considera delictivos 10 de ellos, entre los que se encuentran Correa; Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Vicente Cotino y otros ocho empresarios.

Además, sería la primera vez que los líderes de la Gürtel señalan directamente la responsabilidad en la trama de un alto cargo del PP. Correa, Crespo y 'El Bigotes' se encuentran en prisión por amañar los contratos públicos para el montaje del expositor institucional de la Comunidad Valencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones entre 2005 y 2009.

El escrito de acusación de la Fiscalía afirma que el PP pagó a Orange Market un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. En relación con las campañas, precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.