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VALÈNCIA (EFE). La sentencia de la Audiencia de Valencia que condena a 10 años y 5 meses de prisión a Eduardo Zaplana se ha conocido casi cuatro años y medio después de su detención, el 22 de mayo de 2018, y cerca de cinco meses después de que el juicio del caso Erial quedase visto para sentencia, el pasado 23 de mayo.
El ex alto cargo del PP, que fue president de la Generalitat y ministro con José María Aznar, empezó a ser investigado en 2015, pero no fue hasta mayo de 2018 cuando fue detenido e ingresado en prisión preventiva, donde permaneció 259 días (51 de ellos ingresado en La Fe por una enfermedad oncológica que sufre desde hace años).
Zaplana entró en la cárcel de Picassent (Valencia) el 24 de mayo de 2018 -dos días después de ser detenido- como investigado por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València, que decretó prisión incondicional y sin fianza contra él por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
La investigación contra él y otros catorce procesados (finalmente tres de ellos fueron exculpados en la fase final del juicio) se centró en el cobro de comisiones derivadas del proceso de privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
Aunque la familia del exdirigente del PP reclamó hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad provisional y cargos políticos de prácticamente todo el espectro político insistieron en esta petición, la jueza y el fiscal no acordaron su puesta en libertad hasta que la Justicia española no recuperó parte de los fondos que Zaplana manejaba en el extranjero en una operación que logró repatriar cerca de 7 millones.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estableció un elaborado plan de seguimiento a Zaplana y sus colaboradores y logró obtener valiosas imágenes y escuchas, tanto telefónicas como ambientales recogidas en el interior de establecimientos, que han resultado claves en el proceso.
Eduardo Zaplana se convertía así en el segundo expresident de la Generalitat del PP -de los cuatro con los que ha contado este partido en la Comunitat Valenciana- detenido y en el tercero investigado por la justicia por posibles delitos de corrupción.
El juicio comenzó, tras dos intentos fallidos, el 21 de marzo de 2024 y concluyó dos meses después, el 23 de mayo, tras una veintena de sesiones.
El proceso había sufrido antes dos aplazamientos previos, el 9 de enero con la baja del fiscal anticorrupción y el 1 de febrero por enfermedad del abogado de Zaplana, que días antes del juicio sufrió una grave dolencia cardíaca.
En esta macrocausa estaban investigadas quince personas -doce al final del juicio-, entre ellas los expresidentes de la Generalitat con el PP Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores de Zaplana y varios empresarios.
Tras escuchar a todos los testigos y examinar las pruebas, el fiscal retiró la acusación contra Ángel Salas, Elvira Suanzes y Pedro Romero, y se alcanzaron conformidades con dos de los más estrechos colaboradores de Zaplana: Juan Francisco García y Joaquín Barceló; y los empresarios y hermanos José y Vicente Cotino.
A lo largo del juicio, el fiscal apenas varió los hechos delictivos que atribuía al expresident, aunque finalmente redujo la petición de condena de 19 a 17 años por pertenencia a grupo criminal, blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación.
Jugó sin duda en su contra la confesión de dos de sus principales amigos y colaboradores, Juan Francisco García y Joaquín Barceló, y también la de los empresarios José y Vicente Cotino, sobrinos del exdirector de la Policía, Juan Cotino, cuya responsabilidad en esta causa se extinguió tras su muerte en 2020 por covid.