Cs pide que un informe jurídico aclare si puede celebrarse el pleno para convalidar el decreto ley de plurilingüismo

VALÈNCIA. (EP). La portavoz de Ciudadanos en las Corts, Mari Carmen Sánchez, ha solicitado a la Presidencia y a la Mesa de la Cámara que encargue a los servicios jurídicos un informe que aclare si estos son favorables o no a la celebración del pleno extraordinario de este viernes para votar la convalidación del decreto ley sobre plurilingüismo, antes del Debate de Política General, que según el reglamento debe celebrarse en el primer pleno del periodo de sesiones.

En el escrito, la parlamentaria solicita que ese informe explique las posibles consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de la convocatoria y celebración del pleno, así como de la votación del decreto, que según indica Sánchez, podía haberse sometido a convalidación en la Diputación Permanente de las Corts.

La diputada señala que, en base al reglamento de las Corts y a la ley 5/1983, de 30 de diciembre, Ciudadanos tiene "serias dudas sobre si el pleno debiera celebrarse y, en caso de celebrarse, la validez y consecuencias jurídicas que derivarían del mismo, puesto que el primer debate del mes de septiembre ha de ser el de política general que ya se estableció meses atrás en el calendario parlamentario".

Entienden que esta convocatoria produce "un quebrantamiento del principio constitucional de jerarquía normativa, teniendo en cuenta que una decisión de la Mesa no puede contradecir lo dispuesto en el Reglamento de les Corts, que tiene rango de ley", y consideran que debería haberse convocado Diputación Permanente.

Además, sobre el contenido del pleno, señala que "no parece responsable en aras de la seguridad jurídica parchear un decreto suspendido --en referencia al de plurilingüismo-- con otro de similares características, y menos por la vía del decreto ley, por ser esta figura legislativa por un lado extraordinaria y por otro lado ser un procedimiento de creación legislativa que se hace sin ningún control parlamentario".

Este decreto ley, añade Ciudadanos, podría ser inconstitucional "teniendo en cuenta la materia sobre la que versa, esto es, la educación recogida como un derecho fundamental en el artículo 27 de la Constitución Española, ya que debería de haberse tramitado en forma de ley y, en caso de tramitarse mediante la fórmula del decreto ley, debe alegarse y acreditarse la extraordinaria necesidad del mismo".

"Desde mi grupo no apreciamos la extraordinaria y urgente necesidad que aprecia el Consell para justificar que se dicte este decreto ley, como tampoco entendemos que se convoque un pleno para convalidar el decreto cuando en realidad, en caso de no aprobarse, no existiría un vacío legal, ya que se seguiría aplicando el decreto anterior que regula la misma materia, evitando así la inseguridad jurídica que se está generando en materia educativa al estar a la espera de que se dicte sentencia por el TSJCV sobre el plurilingüismo", concluye Mari Carmen Sánchez.