VALÈNCIA. Ciudadanos se ha puesto manos a la obra para socavar por tierra, mar y aire al Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Tal vez ambas formaciones se necesiten tras las elecciones de 2019, pero para eso queda mucho y, como suele ocurrir en política, si el premio final es alcanzar el Palau de la Generalitat seguro que la comprensión entre las dos fuerzas políticas respecto a los ataques que se vaticinan en los próximos meses será elevada. Pelillos a la mar.
Ahora bien, el escenario ahora mismo es otro. Tal y como informó Valencia Plaza días atrás, la formación que lidera Albert Rivera venía afilando su estrategia contra el partido que lidera Isabel Bonig. El mapa político en la Comunitat es especialmente claro: Ciudadanos ya se situó en 2015 como el principal beneficiado de la pérdida de la confianza del electorado en el PPCV, una circunstancia que amenaza con aumentar después de los resultados electorales en Cataluña y del varapalo que implicó la confesión de Ricardo Costa sobre la presunta financiación ilegal de la formación popular en el juicio de Gürtel.
Precisamente de este hilo pretende estirar el partido naranja. Así, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos para que éstos "devuelvan el dinero robado por sus políticos corruptos", según explicó la portavoz del grupo, Mari Carmen Sánchez. Un mensaje que resulta evidente hacia qué fuerza política va dirigido.
La estrategia no es novedosa. De hecho, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, han reiterado en numerosas ocasiones su deseo de que se devuelva lo robado en numerosos casos. En este sentido, el Ejecutivo ya se personó en diversos casos como Valmor donde el objetivo será buscar ese reintegro económico si existe una condena.
Ahora bien, Ciudadanos ha tomado la iniciativa de dejar constancia en la cámara de su deseo de que las fuerzas políticas respondan por los actos que puedan cometer los políticos que defienden sus siglas. "La transparencia es una bonita bandera que a todos nos gusta enarbolar, pero ha llegado el momento de ponerse manos a la obra y actuar de verdad contra la corrupción", remarcó Sánchez.
La propuesta, además del cambio normativo, también pone sobre la mesa la creación de un "órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control dentro de cada formación política". "Estamos cansados de tanta corrupción, especialmente en la Comunitat Valenciana, subrayó Sánchez, quien insistió además en la importancia de que todas las formaciones estén "implicadas y unidas" en esta lucha.