VALÈNCIA. El sindicato CSIF ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el decreto 188/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia para su prestación. La central sindical advierte que constituye una “privatización encubierta”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que “lo último que se le ha ocurrido a la Administración es la creación de la farmacia comunitaria. Por medio de un convenio con empresas privadas, en este caso oficinas de farmacia, dará un servicio a la población con visitas a domicilio de pacientes crónicos o revisión de botiquines”. El sindicato subraya que esto supone “un deterioro de la sanidad pública al quitar competencias a profesionales de Atención Primaria, sobre todo de Enfermería”.
CSIF ha trasladado su oposición a Conselleria de Sanidad, ya que “estas tareas deben realizarse desde la propia sanidad pública potenciando la Enfermería de Atención Primaria, mejorando la ratio de profesionales por pacientes y destacando su labor”. La central sindical lamenta que la Administración no se haya reunido previamente con las fuerzas sindicales para aplicar una medida que afecta a las condiciones de los empleados públicos, además de suponer “una privatización encubierta” y “vulnerar la libertad del paciente de elegir farmacia”.
El sindicato apunta que “este tipo de medidas no ayuda para nada a mejorar la sanidad pública”, y ha exigido a Conselleria de Sanidad que derogue el decreto 188/2018, de 19 de octubre del Consell. Además, se ha dirigido a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para interponer recurso.