Foto: GVAVALÈNCIA (EFE/EP). El sindicato docente STEPV reclama la retirada del decreto de homologación del reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano al considerar que "no hay margen de negociación" con los representantes de los trabajadores por ser fruto de un "pacto político" entre las consellerias de Educación (Compromís) y Función Pública (PSPV).
En la Mesa Sectorial de Educación de este martes se ha analizado el decreto, presentado hace unos meses, por el que se regula el reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano para la homologación de los estudios mediante la equivalencia con el nivel C1 si el alumnado de Bachillerato obtiene un 7 o más de nota media, entre otras homologaciones.
Según STEPV, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, ha explicado en la sesión que la propuesta de decreto es fruto del acuerdo entre la consellerias de Función Pública y Educación, por el que se regulará también la competencia lingüística en la función pública junto con la homologación en el sector educativo. Es decir, hay dos decretos, el de función pública y el que se ha negociado este martes, que van en paralelo y ya están pactados entre las dos consellerias.
Por lo tanto, el sindicato advierte que "no hay ningún margen de negociación porque el decreto responde a un pacto político", lo que le ha llevado a mostrar su "indignación" en Mesa Sectorial.
A su juicio, como el decreto modifica condiciones laborales del profesorado, no es suficiente que pase por Mesa como un puro trámite informativo, sino que se tiene que poder negociar. De lo contrario, avisa, es una "burla" a los sindicatos, a las mesas de negociación y al profesorado al que representan.
Aun así, STEPV ha pedido la retirada del decreto por varios motivos. El primero es no disponer de una evaluación de la aplicación del PEPLI (Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural), que según la Ley de Plurilingüismo se tiene que realizar a los cuatro años de su aplicación, que avale esta propuesta.
Otra de las razones es que se propone una ampliación de la Ley de Plurilingüismo mediante un decreto que eleva la homologación del nivel B2 al C1, cuando "apenas se ha aplicado la ley en el sistema educativo porque este es el segundo curso que se aplica el PEPLI en Bachillerato".
También considera que "no hay ninguna justificación pedagógica, lingüística o sociolingüística" que avale la modificación de los niveles de certificación. "El profesorado de valenciano tendrá una responsabilidad que no le corresponde y una presión terrible sobre sus espaldas", alerta.
STEPV esgrime que la aplicación de la medida será muy diferente según el territorio y la titularidad del centro, además de señalar que "no es responsabilidad de Secundaria y Bachillerato homologar o acreditar competencias lingüísticas porque ya hay otras etapas educativas y organismos que lo hacen: EOI, FPA, JQCV y CEIACOVA".
"El currículum de valenciano es mucho más extenso que las competencias en comprensión y expresión oral y escrita y la mediación (MECRL) y no está pensado para atender las exigencias del MECRL. El profesorado de valenciano tendría que prescindir de la mayoría de currículum para garantizar que su alumnado obtiene los niveles propuestos en el decreto, hecho que sería ilegal", sostiene.
Es más, la organización sindical asegura que "poner en esta tesitura al profesorado es violentarlo", algo que ni acepta ni tolera, y recuerda que hay aspectos de la Ley de Plurilingüismo que no se han desarrollado y son "urgentes", como la atención al alumnado recién llegado o los aspectos metodológicos y los procesos de evaluación de la intervención didáctica al aula.
En definitiva, a su parecer, este decreto repercute negativamente en el prestigio social del valenciano y no contribuirá a su uso social, aspecto sobre el que ve necesaria "una intervención real y urgente para evitar el grave retroceso social del valenciano".
Según STEPV, el responsable de Política Lingüística ha intentado justificar la propuesta, alegando que el currículum de valenciano en Bachillerato va más allá de los requisitos establecidos por el MECRL y que otras comunidades autónomas con lengua propia ya lo tienen regulado, además de negar que el profesorado sufrirá presión en la aplicación de esta medida.
El sindicato ha aportado en Mesa Sectorial el manifiesto que están firmando departamentos de Valenciano de algunos institutos en el que se rechaza el decreto en la misma línea. También ha convocado una asamblea telemática este miércoles 1 a las 18 horas para tratar la propuesta de decreto y acordar acciones para manifestar el rechazo del profesorado.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado la "nula negociación" por parte de la Generalitat en la homologación con el nivel C1 en valenciano y ha pedido
"medidas correctoras".
El sindicato considera que el actual proyecto de reglamento, que contempla ese reconocimiento para quien saque una nota de 7 o
superior en valenciano en Bachillerato, "provoca un agravio para miles
de alumnos de FP que no lo cursan".
CSIF ya presentó alegaciones el pasado mes de diciembre contra la decisión del Consell de aplicar esa homologación a partir del pasado curso. La central sindical recurrió ante el "agravio o discriminación" que supone "la calificación arbitraria de 7 en Bachillerato y que sea desde el curso 2021/2022".
La organización, en este sentido, destacaba que "se produce una discriminación temporal inadmisible, ya que habrá muchas personas que, con esfuerzo, hayan superado los dos cursos de Bachillerato con una calificación de 7 o superior con anterioridad al curso 2021/2022 y no podrán ver reconocida su competencia lingüística con el nivel C1 solamente por el momento en que iniciaron sus estudios".
El sindicato, además, avisa de otra "discriminación o agravio" en "esa calificación arbitraria, ya que pueden existir muchas personas que hayan aprobado la asignatura de valenciano en los dos cursos de Bachillerato sin haber llegado a la calificación de 7. Estas personas no tuvieron la posibilidad de adaptar sus estudios, esfuerzo o currículo educativo por no ser conocedoras, en el momento de inicio del curso correspondiente, de una norma que les iba a resultar de aplicación. Esto provoca una situación de inseguridad
jurídica".
CSIF, sobre esta base, ha pedido que se incluyan "medidas correctoras" en el decreto del Consell para evitar la "discriminación" entre enseñanzas. A este respecto, ha reclamado que el alumnado que elija otra formación como FP o régimen especial, y no curse Bachillerato, tenga acceso prioritario o plazas reservadas en las pruebas libres de EOI o JQCV para poder acceder a un nivel
C1. De no corregirse este aspecto, se "abandonaría de nuevo a estos
estudiantes por elegir esta formación, limitando su futuro profesional, por ejemplo a la administración pública".
La central sindical, además, ha recordado las alegaciones presentadas al decreto como su retroactividad insuficiente -de únicamente un curso- y la nula justificación, por parte de Conselleria, de exigir un 7 para obtener el C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. CSIF exige que con un aprobado se pueda homologar.
