Cuando Ribó inundaba a mociones el pleno de Rita 

VALÈNCIA. El gobierno de València seguirá adelante con su proyecto para modificar el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP). Esta nueva normativa limitará considerablemente la libertad de la oposición para presentar preguntas durante las comisiones previas al pleno, y también pondrá coto al número de mociones que puede someter cada partido durante la sesión plenaria. Una decisión que no ha gustado en absoluto a las formaciones afectadas, quienes han tirado de hemeroteca para recordar cuando PSPV y Compromís estaban fuera del poder y hacían justo aquello que ahora pretenden restringir.

Y es que, el Partido Popular ha 'buceado' por los registros antiguos para demostrar que, en efecto, estas dos formaciones también exprimían al máximo sus libertades a la hora de pedir explicaciones al gobierno y presentar iniciativas propias. Por ejemplo, aportan el orden del día del pleno del mes de diciembre del año 2011. Una sesión en la que Compromís presentó hasta siete mociones, cinco individuales y dos conjuntas. Todo ello cuando el actual alcalde, Joan Ribó, ya era portavoz de la formación en València. "Se ha olvidado de cuando él llevaba siete mociones al pleno de Rita Barberá", lamentan fuentes populares. 

También siete llevó al pleno de septiembre de 2011 o al de marzo de 2012, de igual modo que son habituales las sesiones en las que Compromís llevaba al menos cuatro mociones. Cifras que superan, a veces con creces, el límite que se pretende introducir con el nuevo reglamento. Y es que, la norma sobre la que está trabajando ahora el gobierno integrado por Compromís y PSPV establece un tope tres mociones por pleno para cada una de las formaciones. 

Pero no solo se verán afectadas las mociones, sino también el número de preguntas que puede presentar la oposición al gobierno. A este respecto, en sesión plenaria, cada concejal podrá remitir hasta un máximo de cinco dudas. Y, además, también se introduce una nueva regulación sobre la manera en la que se tendrán que formular estas interpelaciones. Y es que, en caso de que la normativa salga adelante, cada pregunta tan solo podrá contener un único interrogante, y no varios como hasta ahora venía siendo habitual.

Un hecho que ha molestado especialmente a la oposición, ya que según explican no les permite ahondar sobre cuestiones que son de interés público y que, probablemente, no tienen respuestas únicas y sencillas. Pero, sea como sea, los populares también aportan pruebas en este sentido de cuando los partidos en el gobierno estaban en la oposición. En este caso, del PSPV. Y es que, según el acta del pleno de noviembre de 2011, el concejal Vicent Sarrià presentó una pregunta que contenía hasta 8 subpreguntas y 32 cuestiones. 

"Nosotros gobernamos durante 24 años en este Ayuntamiento, algunas veces con mayorías absolutas, y nunca limitamos la libertad de la oposición para pedir rendición de cuentas en el pleno", insistía la concejala del Partido Popular, María José Ferrer San Segundo. A modo de resumen, si saliera adelante el nuevo Reglamento Orgánico del Pleno, la normativa quedaría de la siguiente manera: en el caso de las comisiones temáticas que se celebran antes del pleno, la oposición tan solo podría presentar dos mociones y tres preguntas, cuando hasta ahora no existía límite en ninguno de los dos sentidos.

Por su parte, durante la sesión plenaria en sí misma, el límite se establece en tres mociones por partido y cinco preguntas para cada uno de los concejales representados. También se introduce la ya mencionada obligación de remitir preguntas que tan solo contengan un interrogante y, además, la que probablemente es la medida más controvertida para la oposición: no podrán volver a preguntar sobre un mismo tema en el plazo de seis meses. 

Una normativa mucho más estricta que la que hasta ahora regía el pleno del consistorio, y que el gobierno ha justificado en la gran carga de trabajo que supone para las concejalías atender a las peticiones de la oposición. En este sentido, ya se habían quejado en distintas ocasiones de que la oposición "inunda" con preguntas a los diferentes departamentos del consistorio, lo que obliga a los técnicos que trabajan allí a dedicar un tiempo y esfuerzo considerable en responder. Algo que los "aparta de sus funciones principales", alegaban en su momento.

Sin embargo, para los populares, esta premisa es insuficiente porque "no deberían ser los funcionarios quienes respondieran a las preguntas, sino los asesores y personal de confianza que los partidos supuestamente contratan para este tipo de cuestiones", incidía San Segundo. 

Así con todo, cabe destacar que la regulación sobre el número de preguntas y mociones que se pueden llevar al pleno es muy variada en las grandes capitales de España. Hay ciudades con normas más estrictas que la que plantea ahora el gobierno de València, como por ejemplo Madrid y Barcelona. Sin embargo, alude la concejala popular, que también hay otras más laxas como por ejemplo Bilbao, que tiene un funcionamiento muy similar al que presentaba hasta ahora la capital del Túria, sin límite de interpelaciones al gobierno. 

"No es un privilegio de los concejales, es un derecho de la ciudadanía"

Con todo, María José Ferrer San Segundo recuerda que la presentación de preguntas y mociones ante los órganos de gobierno "no es un privilegio de los concejales en la oposición, sino un derecho de toda la ciudadanía". Y es que, especialmente de las preguntas que se remiten tanto en las comisiones como en el pleno, los partidos en la oposición consiguen información que podría ser de interés público. Como por ejemplo, el estado de ejecución de algunas obras o inversiones, el avance en la redacción de planes o licitaciones, o incluso el número de viviendas públicas que hay en la ciudad de València, por poner algunos casos. 

"Nosotros presentamos esas preguntas por el ciudadano, ya que como concejales tenemos las competencias para hacerlo". Así, la edil del Partido Popular considera que la limitación a la presentación de preguntas y mociones no es solo un "ataque" a la libertad de acción de los concejales, sino también a la propia transparencia: "Este gobierno pasará a la historia como el menos transparente que ha tenido la ciudad, a pesar de que llegaron presumiendo mucho de ello", incidía al respecto. 

Con todo, cabe recordar que el Partido Popular llevó al pleno de este mes de enero una iniciativa para que no se aprobara el nuevo reglamento, que fracasó con los votos en contra de Compromís, PSPV y Vox, quien también está en la oposición. Sea como sea, la cuestión es que el gobierno ya avanza en la tramitación de esta normativa, que todavía tardará unos cuantos meses en ver la luz porque tiene que sortear una serie de procesos. Por ejemplo, ahora los partidos en la oposición tienen hasta el 17 de febrero para presentar sus alegaciones, y luego deberá volver a pasar por el pleno para su aprobación.