Mónica Cucarella no declaró su condición de apoderada de su gasolinera

VALENCIA. La consellería de Transparencia estudia ya si la directora general de Internacionalización de la Consellería de Economía, Mónica Cucarella, incurrió en incompatibilidad al ser apoderada de una gasolinera que está denunciada por desobediencia al no haber descontaminado sus instalaciones.

De confirmarse, Cucarella sería la primera miembro de altos cargos nombrados por el Consell en incumplir el Código de Buen Gobierno, que firmó el pasado 6 de junio de 2016. Este código de buenas prácticas presentado en su momento por el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, recoge que los altos cargos formulen "el día de la toma de posesión, una declaración responsable de no incurrir en causa de incompatibilidad". Además, el artículo 41 del mismo Código determina que las personas que obligatoriamente deban adherirse, lo harán de forma íntegra al contenido del mismo.

La ley estatal de incompatibilidades estima que los altos cargos no pueden tener participación en ninguna empresa de más del 10% -en su declaración de bienes, Cucarella declaró tener una participación del 12% en Industria Constructora- cuando esa empresa reciba ayudas de la administración o sea contratada por la administración -que de momento no es el caso ya que todavía se desconoce quién descontaminará la gasolinera-, "además de que no pueden ser apoderados de esa empresa", señalan fuentes de Inspección General de Servicios (IGS). 

Actualmente, IGS, órgano dependiente de la Subsecretaria de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, está recabando información para poder interpretar el caso. Así pues, desde este órgano trasladan a Valencia Plaza que el siguiente paso sería articular tres leyes -la ley estatal de incompatibilidades, la ley estatal de transparencia y la ley autonómica 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana- para interpretarlas y determinar qué se debe hacer en caso de existir una incompatibilidad. Y, en segundo lugar, qué sanción imponer en caso de ser necesario, ya que "ambas leyes tienen un régimen sancionador diferente".

También deberían determinar a qué miembro del Consell o de la Administración correspondería imponer la sanción. Esto es, porque el artículo 37 de la ley autonómica estipula que "la competencia para la imposición de sanciones disciplinarias corresponderá al órgano que determine la normativa aplicable en la administración u organización en la que preste servicios la persona infractora". Sin embargo, en el artículo 38 determina que, en el ámbito de la Administración de la Generalitat, las competencias quedan atribuidas a "la conselleria competente en materia de administración públic" cuando las personas que incoan no son miembros del Consell o secretarios autonómicos.  Por lo que, según Inspección, el caso es complejo y lento porque deben interpretar tres leyes para conocer quién incoa, en relación a qué incoa y quién le sanciona.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, señaló este jueves en la rueda de prensa tras el pleno del Consell que "este tipo de actuaciones no son compatibles con las buenas prácticas ni con el eje dos del Pacto del Botánico. Y cualquier actuación de cualquier alto cargo debe encajar en ese eje".

Más seguridad en Inspección General de Servicios

La vicepresidenta del Consell aseguró también que quizás "deberíamos estudiar dotar de mayor seguridad jurídica a la administración para controlar este tipo de procesos y controlar lo que cada uno presenta". E insistía en que "la responsabilidad es de la persona que lo presenta", es decir, de Cucarella por no presentar la información que acredita tanto su formación como por no haber incorporado a su declaración de actividades que es apoderada de la gasolinera Industrial Constructora.

Así pues, dentro del compromiso del Consell del Botànic con la dignificación y ejemplaridad de la gestión pública y lucha contra la corrupción e irregularidades, han aumentado el número de inspectores de tres a nueve (seis inspectores, dos técnicos de inspección  un subdirector general) y el objetivo es llegar a alcanzar 11 antes de finalizar 2016 y a 20 a lo largo de la legislatura.

Este órgano dependiente de la Subsecretaria de la Conselleria de Transparencia, es el máximo órgano de control interno encargado de la vigilancia del estricto cumplimiento de la legalidad y de la observancia de los principios generales de objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia a que se deben las organizaciones públicas.