VALÈNCIA (EP). El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado este lunes en Bruselas que el Gobierno solicitará el Fondo Europeo de Solidaridad para reparar daños causados por la dana en las "próximas horas" y, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo para hacerlo este martes, 21 de enero.
"Estamos finalizando la presentación de toda esa documentación que se realizará en las próximas horas y, por supuesto, a tiempo para que España pueda aprovechar todas las posibilidades que nos da la UE en este caso", ha señalado en declaraciones a los medios en la capital belga a su llegada a la reunión de ministros de Economía de la eurozona.
Cuerpo ha garantizado que el Gobierno, que ya comunicó a la Comisión Europea en noviembre su intención de solicitar esta ayuda, presentará la documentación restante "en las próximas horas, entre hoy y mañana" pero, en cualquier caso, "en forma y tiempo".
De este modo, España apurará el plazo de 12 semanas desde la fecha de los primeros daños que da Bruselas para solicitar este apoyo y que concluye este martes, 21 de enero.
No obstante, el ministro ha evitado avanzar la cantidad global que se solicitará a Bruselas para reparar los daños por las inundaciones que causó la dana que dejó más de 200 muertos en el este y sur del país a finales de octubre, la mayoría de ellos en la provincia de Valencia.
El Fondo Europeo de Solidaridad (FES) se creó en verano de 2002 con un presupuesto anual de 500 millones de euros, una partida que se incrementó en 2024 hasta los 1.144 millones de euros anuales entre 2024 y 2027 debido a la creciente frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales, aunque la Comisión aclara que no se trata de una ayuda de respuesta rápida ante las crisis, por lo que su desembolso puede llevar varios meses.
Las autoridades nacionales del Estado miembro afectado son quienes deben presentar la solicitud para optar a esta ayuda en un plazo de 12 semanas a partir de la fecha de los primeros daños causados por la catástrofe. En caso de catástrofes de evolución lenta, como sequías o emergencias sanitarias, este plazo se fija en las 12 semanas siguientes a la adopción de la primera medida oficial contra la emergencia.
Acto seguido, la Comisión evalúa la solicitud y, una vez aceptada, propone un importe de ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo, que deben aprobarlo. El importe de las ayudas se determina en función de los daños directos totales causados en relación al PIB del país o región afectada y, una vez adoptada, esta deberá utilizarse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha en que la Comisión desembolse el importe total.
Una vez abonada la ayuda, el Estado afectado es responsable de su ejecución, incluida la selección de las operaciones y su auditoría y control, aunque las medidas de emergencia pueden financiarse con carácter retroactivo desde el primer día de la catástrofe.
No obstante, el Ejecutivo comunitario sí acota las operaciones subvencionables por la ayuda, que podrá utilizarse para restablecer y asegurar el funcionamiento de infraestructuras; proporcionar alojamiento temporal y financiar servicios de rescate para la población afectada; establecer medidas de protección del patrimonio cultural y limpiar las zonas afectadas por la catástrofe.