VALENCIA. A las dos del mediodía de este martes los tres miembros del Consejo de Liquidación de RTVV, formado por Carlos Cervantes, Julián Clavel y José Cerdà, se despidieron de las secretarias que quedaban en los estudios centrales de la cadena pública en Burjassot. Las mismas tenían ya su finiquito firmado. Les vieron irse. Pasadas las tres del mediodía ellas bajaron y salieron del edificio. ¿Y si llama alguien mañana? "Tendrán que coger el teléfono ellos", respondía lacónica una de las trabajadoras consultadas por ValenciaPlaza.com.
Por la tarde, pasadas las seis, los dos últimos miembros del comité de empresa que quedaban en la casa, la presidenta Salut Alcover y el vicepresidente Josep Lluís Fito, firmaron sus finiquitos. Afuera les esperaban decenas de compañeros que les recibieron con aplausos. Después, posaron ante la valla de acceso a la cadena y colgaron en las redes sociales imágenes de su salida con un hashtag repetido en muchos de sus tuits: #RTVVTornarà.
No era una baladronada. RTVV ahora no tiene trabajadores propios, pero todavía no está muerta. El ERE de extinción, acordado en marzo del año pasado por cinco de los seis sindicatos, quedó culminado este martes pero no la liquidación del ente. Ésta concluiría en el mejor de los casos dentro de años, cuando se hayan satisfecho y resuelto las deudas y pleitos con Mediapro, con productoras, las demandas particulares y los contratos pendientes como el del alquiler de la sede en Alicante hasta 2030 que harán que la liquidación se prolongue mucho más allá del ERE de extinción.
A partir de este miércoles 1 de julio en Burjassot sólo quedan empleados de las tres últimas subcontratas (limpieza, mantenimiento y seguridad), el grupo de siete técnicos adscritos a la Generalitat encargados de la red de repetidores y los 23 técnicos de documentación, que han pasado a depender del Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía, ya que deben continuar con la digitalización de los fondos. Como quiera que este proceso se alargará cinco años, hasta 2018 como mínimo RTVV seguirá latiendo. Canal 9 está en coma, pero aún vive.
LA HERENCIA DEL PP: DISCORDIA
Con todo, el regreso se prevé complejo y tortuoso, y hasta entonces sólo sembrará discordia. Por ejemplo: La medida puente de que los documentalistas de RTVV pasen a depender del IVAC ha provocado ya un enfrentamiento en CulturArts. El Comité de Empresa de esta institución exigió este martes mediante un comunicado la "readmisión inmediata" de trabajadores afectados por el ERE de su ente, protestando porque, al mismo tiempo que se despedía a 57 personas, se "ha forzado" a CulturArts a la integración de la totalidad de la plantilla de Castelló Cultural y a los 23 trabajadores de Canal 9 del departamento de Documentación de Canal Nou, que "quedarán subrogados respetando derechos adquiridos y convenio propio, lo que provoca agravio comparativo con los compañeros documentalistas de CulturArts, cuya nómina es bastante inferior". El comunicado, aunque suscrito por el comité de empresa no cuenta con el apoyo del sindicato UGT, mayoritario en este ente en Castellón. "No podemos perjudicar a compañeros trabajadores por algo de lo que no tienen culpa; esto no tiene nada que ver con el ERE de CulturArts", explicaban desde este sindicato. Primera medida post RTVV, primer divorcio.
La reapertura de RTVV está a expensas también de la Justicia. Entre los pleitos pendientes, los más importantes son los recursos ante el Constitucional por el decreto ley de nombramiento del efímero consejo de administración y la ley de supresión, presentados por el PSPV. Junto a estos hay que unir el 
que planteó el sindicato CGT ante la Audiencia Nacional contra el ERE de extinción y que está también a la espera de que resuelva el Constitucional los recursos del PSPV.
El primer recurso es de por sí un torpedo en la línea del cierre que puede invalidar todo el proceso. El Consell de Fabra se saltó todo el procedimiento parlamentario para nombrar a los consejeros que decretaron el cierre, una irregularidad admitida en privado por altos cargos de la Generalitat. "No podíamos esperarnos", confesaba recientemente un alto cargo, sin dar explicaciones del porqué tanta prisa. Si el Constitucional considerara ilegales los nombramientos, todo el proceso saltaría por los aires y el fracaso del Consell de Fabra y del PP que aprobó el cierre de RTVV conllevaría un coste millonario extraordinario.
Desde el bipartito formado por el PSPV y Compromís hay dudas sobre cuál es la medida a seguir ante esta coyuntura. La duda hamletiana se encuentra entre la acción o la espera, entre formalizar un decreto de urgencia que anule las leyes del PP o esperar a que la Justicia hable. En esta disyuntiva, el bipartito cuenta con el apoyo de Podemos. Su líder, Antonio Montiel, fue precisamente el promotor de la Iniciativa Legislativa Popular para la reapertura de RTVV que el PP bloqueó en el parlamento autonómico haciendo uso de la mayoría absoluta de la que entonces gozaba. Cualquier medida para reabrir la cadena gozaría de entrada con su beneplácito; los matices, como dice la canción, vendrán después.
Mientras se resuelve el futuro, Alberto Fabra, ya fuera del Palau de la Generalitat, puede contemplar su gran obra, un edificio vacío, sin prácticamente personal, cuya función parece que sea ser uno de los emblemas de la herencia que el PP da al nuevo Consell. A la espera de que el nuevo Consell anuncie las medidas que va a adoptar para resucitar a RTVV, la cadena pública es una incógnita y su inmueble, una gran ballena varada en la orilla; el Moby Dick de Fabra.
