En España, cada vez más familias optan por la custodia compartida tras una ruptura matrimonial. Según datos recientes, en el 48,4% de los divorcios con hijos menores se establece este régimen, una cifra que contrasta notablemente con el 2% registrado en 2005. Este cambio no solo evidencia una transformación en el concepto de familia, sino también en los roles parentales. Hoy, más padres se implican activamente en la crianza de sus hijos, lo que refleja un avance hacia una sociedad más equitativa. Sin embargo, este modelo, aunque ideal en teoría, plantea desafíos significativos cuando se enfrenta a la realidad de las desigualdades persistentes entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico y laboral.
La evolución hacia la custodia compartida es, en principio, un paso positivo. La corresponsabilidad en la crianza (constante matrimonio) fomenta una relación más equilibrada entre los progenitores y sus hijos, además de desmantelar estereotipos de género tradicionales que relegaban el cuidado infantil exclusivamente a las mujeres. Si durante el matrimonio se da dicha corresponsabilidad en la crianza, el modelo de custodia compartida ofrece a los niños el beneficio de mantener un contacto constante con ambos padres tras la ruptura, lo que puede ser clave para su estabilidad emocional y desarrollo integral.
En un contexto ideal, la custodia compartida implica que ambos progenitores asumen, de manera equitativa, las responsabilidades de sus hijos. Sin embargo, es fundamental preguntarse si, en la práctica, esta corresponsabilidad es verdaderamente equilibrada.
A pesar de los avances hacia la igualdad, las mujeres en España siguen asumiendo la mayor parte de las tareas domésticas y los cuidados familiares durante el matrimonio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a las tareas del hogar. Además, suelen ser las principales responsables del cuidado de hijos y personas dependientes, lo que las lleva, en muchos casos, a renunciar a oportunidades de desarrollo profesional y a ingresos económicos más altos.
Estas renuncias, realizadas a menudo por el bien de la familia, generan una desigualdad estructural que se agrava en situaciones de divorcio. En este contexto, la custodia compartida, cuando se aplica de manera automática sin atender a las circunstancias específicas de cada familia, puede perpetuar estas desigualdades.
Un error frecuente en la implementación de la custodia compartida es confundir igualdad con equidad. Muchos padres asumen que este régimen implica dividir los gastos de los hijos al 50%, sin tener en cuenta la capacidad económica de cada progenitor ni el impacto que las decisiones tomadas durante el matrimonio tuvieron en las posibilidades futuras de la madre.
Es común que, tras un divorcio, los hijos vivan en condiciones económicas muy diferentes con cada progenitor. Esto ocurre especialmente cuando se pretende que ambos contribuyan de manera idéntica a los gastos, sin considerar las diferencias salariales. La brecha salarial entre hombres y mujeres en España sigue siendo alta: según Eurostat, las mujeres ganan, en promedio, un 20% menos que los hombres. Además, son ellas quienes, con mayor frecuencia, reducen su jornada laboral o solicitan excedencias para cuidar de los hijos.
Esta malinterpretación de la equidad puede dar lugar a situaciones profundamente injustas. Por un lado, si el padre tiene ingresos significativamente superiores a los de la madre y ambos deben contribuir por igual a los gastos, el hijo puede experimentar un desequilibrio en su calidad de vida entre ambos hogares. Por otro lado, también resulta injusto para la madre, quien, además de afrontar una carga económica desproporcionada respecto a sus ingresos, en la mayoría de las ocasiones ha asumido la mayor parte del cuidado y sacrificios en favor de la familia constante matrimonio. Esta situación contraviene el principio de proporcionalidad recogido en el artículo 146 del Código Civil, que establece que "la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido clara en la necesidad de respetar el principio de proporcionalidad en los regímenes de custodia compartida. El alto tribunal ha reiterado que la pensión de alimentos debe ajustarse a las circunstancias económicas de cada progenitor, evitando imponer cargas desproporcionadas a quienes tienen menos capacidad económica. En este sentido, cuando se acuerda una custodia compartida, no solo es posible establecer que los gastos comunes de los hijos (como colegio, actividades extraordinarias, dentista, entre otros) se sufraguen en una proporción distinta al 50% —por ejemplo, 60/40 o 70/30 según los ingresos de cada progenitor—, sino que, además, puede acordarse el pago de una pensión alimenticia a favor de la madre con la que poder garantizar que se cubran los gastos cotidianos de los hijos durante su estancia con ella, asegurando así un nivel de vida equilibrado en ambos hogares.
Este enfoque es esencial para garantizar que los hijos no se vean afectados por desigualdades económicas entre sus padres y puedan disfrutar de un nivel de vida similar en ambos hogares. Además, es fundamental para que el sistema sea equitativo y justo también con las mujeres.
En definitiva, la custodia compartida debe ser la opción a elegir siempre que sea la opción más adecuada para los hijos y se den las circunstancias para ello. Ahora bien, su aplicación debe considerar las circunstancias particulares de cada familia, incluyendo las desigualdades económicas que puedan existir.
Para ello, es imprescindible promover una corresponsabilidad real durante el matrimonio, que prepare a ambos progenitores para asumir la custodia compartida de manera equitativa tras el divorcio.
En última instancia, la custodia compartida es una herramienta poderosa para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, pero su implementación actual a menudo se guía de forma arbitraria, sin seguir los principios de justicia y equidad. Debe aplicarse reconociendo y corrigiendo las desigualdades estructurales que aún afectan a las mujeres, asegurando que las decisiones no perpetúen las inequidades existentes, sino que promuevan una distribución más justa de responsabilidades y recursos.
Si logramos esto, estaremos dando un paso significativo hacia un modelo de familia más equilibrado y justo para todos.
Carmelina Pla es abogada especialista en Derecho de Familia