Nueve meses después de que Enrique Verdeguer anunciase en agosto la presentación del plan de reestructuración del sector público empresarial, apenas se han producido avances significativos en su desarrollo. Las miradas apuntan en una dirección...

VALENCIA. "Fíjate como estará la cosa de candente que hasta el vicepresidente José Ciscar, sin tener papeles en la mano, tuvo el otro día que lanzar a la palestra una cifra de reducción de emprtesas para marcar el camino a los realizadores del plan...". Asi hablaba un alto cargo de la Generalitat ante ValenciaPlaza.com comentando la inquietud creciente que se vive en áreas de la Generalitat cercanas a Presidencia por el retraso ostensible en la realización y aprobación de los planes de reestructuración del sector público empresarial.

La preocupación está motivada por la delicada situación económica y financiera de la Administración autonómica, candidata firme a ser intervenida por el Estado dada su manifiesta insolvencia financiera y la lentitud con la que se están afrontando determinadas reformas, entre los que se cuenta el sector público empresarial y el propio ente de Radio Televisión Valenciana.

No es para menos. Si bien los consellers de Hacienda y Economía, José Manuel Vela y Máximo Buch respectvamente viajan regularmente a coordinar sus políticas de ajuste con los diferentes departamentos ministeriales, en Madrid no acaban de tener todos los datos en la mano de lo que "está ocurriendo" en Valencia en otros terrenos y de las causas por las que no se están ejecutando los planes con mayor celeridad.

Oficiosamente, el motivo de los retrasos es la pesada carga burocrática y reglamentaria que tales reformas representan, especialmente en el sector público empresarial, de las que se lleva haciendo cargo incluso desde la legislatura anterior el actual secretario autonómico del Sector Público Empresarial, Bruno Broseta. Éste, en contacto permanente con la Abogacía de la Generalitat, hasta hace pocas fechas representada en esa conselleria por Isabel Villalonga (ahora en la Delegación del Gobierno con Paula Sánchez de León), lleva más de un año itentado desatascar un complejo entramado de empresas y organismos públicos que tardó lustros en construirse.

Sin embargo, otras fuentes "menos comprensivas" tildan de "excusa" el argumento de la lentitud burocrática de todo el proceso y se preguntan si es solo eso lo que está motivando los retrasos o existen motivos de otra índole que explicarían un retraso rayano en lo inaceptable e incluso peligroso en situaciones de urgencia como las que está viviendo la Genralitat Valenciana. Y aquí las versiones oscilan entre las que van desde la denominada teoría de la conspiración, por la cual sectores políticos no concordantes con el actual equipo estarían haciendo la cama a la gestión de Alberto Fabra deteniendo en lo posible sus planes de reforma administrativa, hasta los que opinan que se trata unicamente de una cuestión de insuficiente solvencia profesional para sacar adelante un proyecto de recortes de tamaña envergadura que exige grandes dosis de determinación y dedicación.

Sea como fuera, lo cierto es que el plan no está hecho, ni se le espera a corto plazo. Se echa el verano encima, la intervención se halla a la vuelta de la esquina y aquí nadie dice nada. Una situación ciertamente delicada para la alta dirección de la Generalitat, que puede ser tachada de inoperante desde el Gobierno de Madrid. Y Madrid anda buscando un mochuelo al que hacerle cargar con el palo ejemplarizante de una intervención 'manu militari' en la gestiòn autonómica.