VALENCIA. Tras varios meses de inacción institucional, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, dio ayer un paso al frente para anunciar en la sesión de control de Les Corts que el Gobierno valenciano se personará en la causa del ‘caso Emarsa' y que apoyará la apertura de una comisión de investigación.

El juicio acerca de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales está adquiriendo dimensiones inasumibles para cualquier ejecutivo: las declaraciones de los imputados y testigos en el proceso ocupan a diario portadas, cada día más sonrojantes, en los medios de comunicación.

La única acción del PPCV y de los diferentes órganos de gobierno hasta ayer se había limitado a anunciar la baja de militancia de Esteban Cuesta, presidente del distrito Pedanías Oeste de la formación ‘popular' en la capital. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha desmarcado del asunto, y el presidente de la Diputación y líder provincial del PP, Alfonso Rus, ha reiterado que esperará a que declaren los imputados.

Alberto Fabra parece haberse cansado de recibir la pregunta sobre Emarsa en muchas de sus comparecencias sin dar una respuesta contundente apoyada en acciones. El pasado miércoles ya calificó de "vergüenza" las informaciones que aparecían publicadas respecto al ente público de gestión de aguas.

El jefe del Consell y líder del PPCV ha decidido liberarse de ataduras y posicionarse en este asunto. Al mismo tiempo, se desliza de su actuación un aviso a Rita Barberá y Alfonso Rus dada la implicación de dirigentes cercanos a ambos dirigentes.

Cabe recordar que otro de los imputados es el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Manises, Enrique Crespo. Además, también han sido llamados a declarar los secretarios generales del distrito de Patraix, Santos Peral, y el de Tránsitos, Ignacio Martínez. El control de Emarsa residía en la empresa Emshi, en la que el Ayuntamiento de Valencia controlaba el 46% de la asamblea.

A medida que el proceso judicial avanza, salen a la luz más hechos sorprendentes y comprometidos para los implicados que dejan en evidencia a los cargos orgánicos e institucionales que se encontraban por encima y que dejaron al descubierto en el momento de liquidación del ente un agujero de, al menos, 17 millones de euros.

Habitaciones de hotel reservadas y nunca ocupadas, servicios facturados que no se prestaron o se abonaron muy por encima de los precios de mercado, material informático pagado que no fue encontrado, costosos regalos a los miembros del Consejo de Administración y, todavía más preocupante, pagos a cargo del ente por miles de euros en joyas, bolsos de marca o relojes a destinatarios desconocidos. Todas estas irregularidades sobrevuelan el caso Emarsa: una causa de la Alberto Fabra decidió ayer desmarcarse.

ALEJAMIENTO DE LA ‘HERENCIA' JUDICIAL DE CAMPS

El anuncio del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, también es interpretado desde ciertos sectores del partido como un síntoma del hastío del jefe del Consell respecto a la ‘herencia' judicial que ha recibido del anterior presidente, Francisco Camps, quien a partir del día 12 de diciembre se enfrentará al juicio oral por la causa de los trajes.

Pero no sólo eso, el caso del PGOU de Alicante también ha salpicado a la alcaldesa de esta ciudad, Sonia Castedo, del PP, y ayer mismo acudía a declarar por el caso Brugal el presidente del Puerto de Alicante y exlíder de los ‘populares' alicantinos, José Joaquín Ripoll.

No son los únicos. En Les Corts, Alberto Fabra tiene en su grupo parlamentario a Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV, también imputado en la causa de los trajes y, ayer mismo, se conocía que el Tribunal Supremo reabrirá cuatro casos sobreseídos sobre el todavía líder de los ‘populares' en Castellón, Carlos Fabra.

Además, continúa a la espera la causa por presunta financiación irregular del PPCV, un caso en el que aparecieron los nombres de varios cargos del partido y del Consell como David Serra, Vicente Rambla o Milagrosa Martínez.

Una acumulación de causas pendientes que Alberto Fabra ha heredado de la anterior etapa de gobierno y que, al contrario que Francisco Camps, parece decidido a afrontar sin esconderse de los medios de comunicación.